El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de casación presentado por la Abogacía de la Comunitat Autónoma de las Illes Balears contra el auto de ejecución de la sentencia que obligaba la Comunitat Autónoma a indemnizar con más de 63 millones de euros más los intereses los promotores de la urbanización de Muleta II, en Sóller.
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El Tribunal Supremo
Concretamente, el mes de marzo de 2022 la Abogacía de la Comunitat Autónoma interpuso un recurso de casación contra el auto de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears estimando la ejecución de la sentencia que daba validez al acuerdo transaccional subscrito entre el Govern de les Illes Balears y la empresa Birdie Son Vida SL.
El origen del conflicto judicial se remite al 2013, cuando el Govern presidido por José Ramón Bauzá acordó con Birdie Son Vida SL la recalificación de Muleta II como suelo urbano a cambio de retirar un litigio judicial iniciado por la empresa contra la desclasificación del Govern anterior.
Según el auto del TS, se tiene que valorar si necesariamente la indemnización por la no construcción de la urbanización se tiene que realizar por el procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado legislador o se puede sustanciar de forma alternativa a través del incidente de ejecución previsto en el artículo 105.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, tomando en consideración las diferencias que pudiera haber, si procede, entre el procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado legislador y la reparación de los daños derivados de la imposibilidad legal de ejecución.
El Govern de les Illes Balears considera que no tiene que pagar esta indemnización, en los términos establecidos en el auto objeto del recurso, por lo cual defenderá los intereses de la ciudadanía y luchará contra el urbanismo a la carta en las Illes Balears, agotando todas las vías legalmente establecidas.