El Departamento de Gestión del Territorio ha resuelto ordenar la demolición de una caseta del árbol de madera de nueva planta ilegal que se estaba construyendo en suelo rústico protegido en el Área Rural de Interés Paisajístico (SRP-ARIP) des Amunts en el término municipal de Sant Antoni de Portmany, dentro de los límites de una villa existente.

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El Consell de Eivissa sanciona

Se trata de una edificación incompatible con la ordenación territorial y urbanística de acuerdo con el Plan territorial insular que prohíbe las edificaciones y los elementos extraños, tales como casas de madera prefabricadas, elementos habitables prefabricados móviles o fijos, almenas, baluartes, balaus , etc., se recomiendan los elementos tradicionales propios de cada zona y resulta prohibida la utilización de elementos constructivos derivados de arquitecturas de otras regiones que resulten impropias del entorno rústico de la isla. Por tanto, esta obra es contraria a la ordenación urbanística y territorial y manifiestamente ilegalizable, por lo que se ha ordenado su demolición y se ha interpuesto una sanción de 50.000 euros que, por abono avanzado, ha supuesto a el infractor 37.000 euros.

Esta casita se estaba ejecutando de nueva planta y se encontraba ubicada en la zona boscosa y utilizaba los pinos existentes como parte estructural. El resto de estructura estaba realizada mediante palos y vigas de madera y bambú con una superficie de 26m2.

Además, el promotor de esta obra estaba ejecutando otros trabajos en vivienda principal como eran la reforma interior con una superficie de 388,7m2; reforma interior de un anejo con una superficie de 30m2, y la reforma de una piscina con una superficie de 63,03m2. Todas estas obras han sido legalizadas abonando las perceptivas licencias municipales.

El consell de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha recordado que durante esta legislatura, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda en Cala d’Hort, una vivienda en Corona, dos construcciones yurta a ANEI y una instalación a costes) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por deleites contra la ordenación del territorio en suelo protegido que, además de su correspondiente sanción, se recuerda que estos hechos pueden contar pene de fines a cuatro años de prisión.