La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el traspaso de la gestión del litoral a esta comunidad autónoma «viene precedido de la convicción del Gobierno de España de ayudar a un territorio de nuestro país con circunstancias singulares por su insularidad».

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Isabel Rodríguez, que se ha reunido con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y ha presidido la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ha remarcado, dentro del compromiso con la insularidad, «los avances importantes en el régimen especial de las Illes .

Este Gobierno cree en el Estado autonómico
La ministra ha hecho referencia en su intervención al Estado de derecho y democrático que nos dimos con una Constitución que va a cumplir 44 años y el desarrollo del Estado autonómico, «que hoy se perfecciona con el traspaso de la gestión del litoral a las Illes Balears, que viene a dar cuenta del compromiso del Gobierno de España también con la mejora de la vida de la ciudadanía, al avanzar en el autogobierno y el desarrollo de los estatutos».

Traspaso de la ordenación y gestión del litoral
Isabel Rodríguez ha subrayado la importancia de culmimar esta transferencia, que entrará en vigor el 1 de julio, «porque acerca la gestión de costas a la ciudadanía, a la Administración autonómica, a las administraciones insulares. Más de 1.500 kilómetros de costa, dando cumplimiento a una demanda histórica autonómica, que modificó sus Estatuto, en gran medida, para solicitar esta competencia».

El traspaso supone un paso importante en la consolidación del nuevo modelo de gestión del dominio público marítimo-terrestre, representa el reconocimiento a la singularidad insular balear, para que la Administración autonómica pueda proyectar sus competencias sobre el espacio marítimo que rodea las islas, y garantizar así unos niveles de protección acordes con las demandas de la ciudadanía balear y de sus sectores productivos, en particular el turismo.

Medios que se traspasan
Illes Balears asume la autorización de uso de temporada en las playas y en el mar territorial; autorización de actividades y ocupación del dominio público-terrestre; autorización en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; y concesiones demaniales de costas; obras y actuaciones que no sean de interés general.

La Administración General del Estado conserva la emisión de informes preceptivos sobre funciones traspasadas; fijación de cánones de aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre; rescate de concesiones demaniales cuando exista razón de interés general; y ejercicio de la potestad sancionadora derivada de la titularidad estatal del dominio público marítimo-terrestre cuya gestión no corresponda a la comunidad autónoma.

El Estado y la Comunidad Autónoma compartirán funciones de coordinación, especialmente en utilización del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de nuevos puertos; emisión de informes sobre cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre en la ordenación territorial y urbanística; e inversiones en obras de interés general.

Se traspasan seis vehículos y el 6,24% de la superficie total de la sede de la Demarcación de Costas en Illes Balears en Palma. La Comunidad Autónoma se subroga asimismo en la posición que ostenta la Administración General del Estado en diversos contratos en curso de ejecución.

Se traspasan también 18 puestos de trabajo ocupados y vacantes, 7 de personal funcionario y 11 de personal laboral. El Acuerdo comporta una financiación en 2022, que corresponde al coste efectivo anual, por importe de 1.306.704,88 euros, teniendo efectividad a partir del día 1 de julio de 2023.