En una reunión mantenida en la institución insular, las diferentes formaciones políticas han acordado consensuar en favor de los ciudadanos de Mallorca iniciativas, primero en el Consell y después en el Congreso y Senado, para reclamar Inversiones estatales en infraestructuras

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado del consejero de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, se ha reunido hoy con los diputados y senadores de las Islas Baleares. Galmés les ha propuesto hacer un frente común ante el Estado y reclamar en el Congreso y en el Senado los 230 millones de euros del convenio de carreteras que corresponden a Mallorca para invertir en infraestructuras viarias y de movilidad sostenible. Un convenio de carreteras que se firmó en el año 2007 y que el 14 de diciembre de 2021, tras algunas modificaciones, el gobierno anterior del Consell de Mallorca acordó liquidar la parte ejecutada hasta el 2 de octubre de 2020. Con lo que quedaron 228,5 millones de euros pendientes de abonar.

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El presidente Galmés pide a los senadores y diputados de Mallorca un frente común para reclamar al Estado los 230 millones del convenio de carreteras

En el encuentro, donde han participado José Vicente Marí, Sandra Fernández, Miquel Jerez, Maria Salom, Joan Mesquida y Martí Àngel Torres del Partido Popular; José Hila, del PSOE, y Vicenç Vidal (Més), el presidente Galmés les ha pedido hacer «un frente común, al margen de los colores políticos, en favor de los ciudadanos de Mallorca, que sufren el agravio comparativo con las inversiones en materia de infraestructuras que reciben otras comunidades autónomas. Es el caso de los 6.000 millones que Madrid invierte con los trenes de cercanías de Cataluña, en comparación con los 230 millones de euros que reclama Mallorca y que el Gobierno de España nos niega».

Durante la reunión se ha acordado, entre todas las formaciones políticas, impulsar iniciativas, primero en el Consell y después en el Congreso y en el Senado, para que a Mallorca lleguen las inversiones estatales necesarias para mejorar las infraestructuras y apostar por la movilidad sostenible.

En este sentido, Galmés ha recordado que estos sobornos no son para hacer grandes infraestructuras, el objetivo es «mejorar la red viaria de la isla sin consumo de territorio y, así, poder garantizar la fluidez del tráfico, la modernización de las infraestructuras y la seguridad de los usuarios». En este sentido, el presidente del Consell de Mallorca ha indicado que la finalidad es «invertir en la modernización de nuestras carreteras, tal y como hace el Consell con el plan de accesos a Palma realizando un esfuerzo con recursos propios».

Cronología del convenio de carreteras

El Gobierno central y la institución insular firmaron el convenio de carreteras en el año 2007. Tras algunas modificaciones, el 14 de diciembre de 2021 el anterior equipo del Gobierno del Consell acordó liquidar la parte que se había ejecutado hasta el 2 de octubre de 2020 y quedó un importe de 228,5 millones de euros pendiente de abonar.

Entre las obras pendientes de ejecutar, se encuentran infraestructuras esenciales para la movilidad y la mejora de los accesos a Palma como el tramo I de la vía conectora, las variantes de Inca, Artà y Campanet, y la ronda de Sencelles. A todo ello hay que añadir los 45 millones del Plan de Viales Cívicos, los 30 millones para construir aparcamientos disuasorios o los 160 millones del Plan de Accesos a Palma. En concreto, los importes actualizados de todas las actuaciones programadas pueden superar los 300 millones de euros.

En marzo de 2023, el Gobierno de España cerró la puerta a negociar los convenios de carreteras con los consejos insulares de las Islas Baleares, señalando que estas inversiones deben ir a cargo del factor de insularidad del régimen especial de las Baleares. En una carta enviada al ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente Galmés expresó su disconformidad con la respuesta del Gobierno central, explicando que «la dotación del factor de insularidad debe servir para financiar inversiones públicas nuevas por parte del ejecutivo central en Baleares y así compensar las desventajas de la insularidad, pero nunca para incluir las cantidades pendientes de los convenios de carreteras».

También hay que recordar que el Gobierno de las Islas Baleares ha enviado al Consell de Mallorca 30 millones de euros procedentes del fondo de insularidad para que la institución insular pueda llevar adelante sus proyectos. No obstante, estos sobornos son insuficientes para poder mejorar la red viaria de Mallorca, según ha explicado el presidente Galmés.