Se suspende la actividad de producción en una de las naves de la explotación y se ordena la baja en el registro de esta instalación. Además, se inmovilizan todos los huevos producidos y se prohíbe su distribución y comercialización

Las infracciones, calificadas como graves, podrían conllevar una multa de hasta 60.000 euros cada una

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha dado a conocer hoy los resultados de la inspección realizada en la explotación ganadera Ses Cisternetes, en Llucmajor. El conseller Joan Simonet, acompañado del director general Fernando Fernández, ha explicado que, una vez finalizado el informe elaborado por los técnicos, se ha determinado abrir expediente sancionador por infracciones en materia de higiene en la producción ganadera y adoptar medidas cautelares. Las infracciones (un total de siete), calificadas como graves, podrían suponer una multa de hasta 60.000 euros cada una.

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El Govern abre expediente sancionador

En este sentido, Simonet ha señalado que el Govern suspende temporalmente la actividad de producción en una de las naves de la explotación, concretamente la 7G, y se ordena la baja en el registro de esta instalación. Así, las aproximadamente 20.000 gallinas de esta nave deberán ser sacrificadas. Además, se inmovilizan todos los huevos producidos en esta nave (también los que ya estén almacenados) y se prohíbe su distribución y comercialización, lo que impedirá que estos huevos entren en la cadena alimentaria.

«El informe de los técnicos determina que las condiciones de higiene de la explotación son deficientes, pero especialmente graves en la nave 7G. Por ello, se ha ordenado su suspensión», ha subrayado Simonet. El conseller ha señalado también que, en el momento de la inspección, la explotación no disponía de los registros de limpieza y desinfección.

El conseller Simonet ha destacado que «una vez se han analizado todas las pruebas y documentación, el Govern ha actuado en consecuencia, basándose en el informe técnico y adoptando las medidas que establece la ley para garantizar el bienestar animal y la seguridad alimentaria».

Por su parte, Fernández ha detallado más aspectos del informe técnico, y ha apuntado que durante la inspección en la nave 7G se constató la presencia de ocho roedores muertos, «lo que indica que las medidas de bioseguridad aplicadas no son adecuadas». «En el momento de la inspección se hallaron en la nave 7G un total de 15 gallinas muertas, una cantidad que no es relevante, pero sí lo es el estado de descomposición en el que se encontraban los animales, lo que demuestra que no se retiran a diario, como marca la normativa». El director ha indicado que en las otras cinco naves se constataron deficiencias leves, que «en ningún caso suponen infracciones graves, y que se trata de aspectos que pueden resolverse».

Fernández ha destacado que el 7 de agosto de 2024 se realizó una inspección que dio lugar a la apertura de un procedimiento sancionador y a la adopción de medidas cautelares. En octubre de 2024 se denunció ante la Fiscalía la posible comisión de un delito ambiental, pero el procedimiento fue archivado por la vía penal en febrero de este año. Asimismo, ha recordado que la última visita de control fue el 27 de febrero de este año, en la que se confirmó que la reducción del censo a 40.000 gallinas debía completarse en un plazo máximo de seis meses. No obstante, hay que tener en cuenta los plazos administrativos, ya que el cómputo oficial del plazo no comienza realmente hasta junio de 2025, por lo que el límite sería diciembre del mismo año.