Carmen Reynés lamenta que el anuncio del Gobierno de España sobre la creación de nuevas secciones judiciales especializadas en violencia contra las mujeres en las Islas Baleares vuelva a dejar de lado Menorca
La consellera de Bienestar Social de Menorca, Carmen Reynés, lamenta que el anuncio del Gobierno del Estado sobre la creación de nuevas secciones judiciales especializadas en violencia contra la mujer en las Islas Baleares —concretamente en Manacor, Palma e Ibiza— vuelva a dejar de lado a Menorca.
Reynés manifiesta su «profunda preocupación» por la falta de atención a las necesidades específicas de la isla, que una vez más queda excluida de las políticas estatales en materia judicial de protección a las víctimas de violencia de género. Actualmente, Menorca solo dispone de dos juzgados mixtos, que asumen también otros ámbitos judiciales, lo que dificulta una atención especializada y ágil a las víctimas.
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El Consell Insular de Menorca reclama una sección judicial específica para violencia de género en la isla
«La violencia machista no entiende de territorios, pero sí entiende de respuestas. Y las víctimas de Menorca tienen el mismo derecho que cualquier otra mujer de las Islas a ser atendidas con recursos específicos y con una justicia especializada y cercana», ha afirmado Reynés.
Ante esta situación, la consellera expone al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la necesidad de crear urgentemente una sección específica para violencia de género en Menorca. “No se ha tenido en cuenta la realidad menorquina en el reciente anuncio del Gobierno presidido por Pedro Sánchez”, indica Reynés.
Desde el Consell Insular se recuerda que la atención integral a las víctimas de violencia de género exige una coordinación efectiva entre los servicios sociales y la justicia, y que sin una estructura judicial adecuada, esta respuesta queda gravemente comprometida.
Además, la consellera de Bienestar Social expone que también falta la figura del psicólogo/forense adscrita al equipo técnico de los juzgados de Menorca, lo que afecta a los procedimientos relacionados con víctimas de violencia de género.
“Desde el departamento de Bienestar Social hemos llevado a cabo una importante mejora del sistema de protección frente a la violencia de género y la violencia sexual, con una apuesta firme por ofrecer una atención especializada, de calidad, directa y cercana a las víctimas”, explica Reynés. Entre las medidas implementadas por el Consell Insular, la consellera destaca el incremento de personal y la incorporación de nuevos recursos, como la puesta en marcha de un centro de crisis, un servicio esencial para la atención inmediata a víctimas de violencia sexual. Además, se ha habilitado una solución residencial urgente mediante un piso destinado a víctimas que requieren protección y asistencia inmediata tras haber sufrido violencia sexual.
“Paralelamente, estamos trabajando en el traslado del Centro Asesor de la Mujer, lo que permitirá ofrecer un servicio más amplio, integral y especializado en la isla. También hemos firmado un nuevo convenio para garantizar la atención psicológica de los menores víctimas de violencia de género. Todo esto reafirma nuestro firme compromiso con la lucha contra cualquier forma de violencia. Sin embargo, mientras desde el ámbito insular se están haciendo grandes esfuerzos para mejorar la atención a las víctimas, lamentablemente no percibimos el mismo nivel de compromiso por parte del Estado hacia Menorca. Seguimos enfrentando una preocupante falta de personal, incluyendo la plaza de psicólogo/forense, vacante desde hace más de tres años. A esto se suma la decisión de no crear un juzgado específico de violencia sobre la mujer en Menorca, una carencia inaceptable que limita la capacidad de respuesta judicial ante estos casos”, añade la consellera de Bienestar Social.
“Menorca necesita el mismo nivel de protección, recursos y sensibilidad institucional que cualquier otro territorio. No podemos permitir que las víctimas en nuestra isla sigan siendo tratadas como ciudadanas de segunda. Reclamamos lo que es justo para Menorca. No pedimos privilegios, sino equidad territorial y un compromiso real», concluye Reynés.
Maó, 5 de junio de 2025