El Govern de les Illes Balears ha presentado hoy ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender de forma inmediata la aplicación del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que establece la “capacidad ordinaria” del sistema de tutela y protección de menores extranjeros no acompañados. Con esta petición se busca impedir los traslados hacia Baleares que puedan derivarse de esa norma.
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Según el Ejecutivo autonómico, el Real Decreto incurre en una nulidad manifiesta de pleno derecho, pues fue aprobado sin contar con el dictamen obligatorio del Consejo de Estado, requisito exigido para normas reglamentarias que crean derechos u obligaciones “ex novo”. Esto, aseguran, vulnera el principio de legalidad recogido en la Constitución.
El Govern acude al Tribunal Supremo con una petición urgente para frenar los traslados de menores no acompañados
Además, exponen que la situación del sistema de acogida para menores no acompañados en Baleares es “extremadamente crítica”: hay en torno a 700 menores acogidos en solo 76 plazas ordinarias, lo que supone una sobresaturación cercana al 1.000 %. Si no se suspenden los traslados de inmediato, concluyen que se causaría un perjuicio irreversible y se haría ineficaz cualquier decisión futura del proceso contencioso-administrativo, al trasladarse menores a un sistema ya colapsado. Esto degradaría la atención, atentaría contra el derecho del interés superior del menor y quebrantaría tanto la normativa autonómica como los compromisos internacionales.
El Govern fundamenta su petición también en la urgencia y el interés público: los traslados podrían ejecutarse de forma inminente, y dado que el Gobierno central ha declarado Baleares en situación de emergencia migratoria, resulta imprescindible evitar que los menores sean enviados a un sistema saturado, garantizando que los servicios sociales, educativos y sanitarios puedan mantener su funcionamiento para los menores ya acogidos.
Desde el Ejecutivo balear insisten en que esta es la primera solicitud de una suspensión cautelar, y adelantan que, si el Supremo rechazara la petición, presentarán nuevas alegaciones en futuras fases del procedimiento.