La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector y a la ciudadanía respecto a la peste porcina africana (PPA), recordando que se trata de una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto ni por consumo de carne. Además, ha reiterado que las Illes Balears cuentan con todos los mecanismos de vigilancia necesarios y un sistema operativo plenamente activo.
El director general Fernando Fernández ha subrayado que el reciente foco detectado en Cataluña está limitado a la zona perimetrada y solo afecta a jabalíes, sin ninguna explotación porcina involucrada. La información diaria remitida por Cataluña y el Ministerio reafirma que no existe circulación del virus fuera del área acotada, ni en el resto del Estado ni en Baleares.
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Un sistema de control consolidado
Para hacer frente a situaciones como la actual, el archipiélago dispone desde 2018 de un plan de alertas sanitarias, revisado periódicamente, además del Programa Nacional de Vigilancia de la PPA, que cada año fija los controles mínimos que deben realizar las comunidades autónomas. También se ha activado un protocolo autonómico específico a raíz del caso catalán.
Durante 2025 se han cumplido todas las exigencias estatales:
- 7 explotaciones inspeccionadas, el número asignado a Balears según criterios de riesgo.
- 673 muestras analizadas, todas con resultado negativo.
Este nivel de supervisión se mantiene desde años anteriores:
- 731 análisis en 2023,
- un volumen similar en 2024,
- más de 2.100 muestras en total en tres años, todas sin detectar el virus.
Un modelo alineado con la normativa estatal
La asignación de explotaciones a supervisar depende del censo porcino y del riesgo epidemiológico. Por ello, Balears debe controlar siete al año, igual que Navarra y por encima de otras como Canarias. En regiones con producción mayor —como Murcia, Cataluña o Extremadura— las cifras superan ampliamente las 30 o incluso 100 explotaciones.
Protocolo reforzado en 2025
Con motivo del foco catalán, este año se han reforzado las medidas:
- identificación de explotaciones de mayor riesgo mediante un manual técnico del IRTA,
- actualización de encuestas de bioseguridad,
- controles estrictos en el movimiento de animales,
- revisión de limpieza y desinfección de vehículos,
- intensificación del control en puertos,
- coordinación entre veterinarios oficiales, consejos insulares, ADS y mataderos.
Fernández ha insistido en que la respuesta actual no es improvisada, sino fruto de años de trabajo coordinado. También ha recordado que todas las explotaciones están obligadas legalmente a contar con planes de bioseguridad y cumplirlos. Las encuestas que se repiten en explotaciones de mayor riesgo permiten detectar puntos débiles y corregirlos.