El Parlament de les Illes Balears ha aprobado la convalidación del decreto ley de medidas urgentes destinado a acelerar la puesta en marcha de proyectos estratégicos con impacto en la transformación económica, social y territorial del archipiélago. La norma crea un marco jurídico común que busca reducir la carga administrativa, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la capacidad de ejecución de las administraciones públicas.

El decreto introduce la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), aplicable tanto a iniciativas privadas como públicas, siempre que generen un impacto relevante en el desarrollo de las Illes Balears.

En el ámbito privado, se establecen dos vías para acceder a la declaración de PEIE. La primera es la inversión mínima, dirigida a proyectos de especial relevancia económica: desde 500.000 euros en el sector agrario; 3 millones de euros en ámbitos como innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua; y 10 millones de euros para el resto de proyectos estratégicos. La segunda vía se basa en la creación o el mantenimiento de empleo estable y de calidad, con umbrales que oscilan entre cinco y veinte puestos de trabajo, según el sector o el territorio, o el mantenimiento de al menos 25 empleos en riesgo de desaparición.

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El Parlament da luz verde al decreto que agiliza proyectos estratégicos para impulsar la economía balear

Los proyectos privados reconocidos como PEIE contarán con tramitación prioritaria y un acceso preferente a financiación y subvenciones públicas. En todos los casos, la declaración estará sujeta a informes técnicos y a una resolución motivada, garantizando el control administrativo y la transparencia.

Para facilitar la ejecución de estas iniciativas, el decreto crea la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que actuará como ventanilla única para los promotores privados. Esta unidad acompañará los proyectos durante todo el proceso administrativo, coordinando a las diferentes administraciones implicadas y evitando duplicidades. Su actuación estará supervisada por la Comisión Aceleradora de Proyectos Estratégicos, integrada por representantes de las consellerias competentes.

En cuanto a los proyectos de iniciativa pública, el decreto establece un régimen específico que permitirá agilizar la construcción de infraestructuras esenciales como hospitales, centros educativos, instalaciones sanitarias o proyectos del ciclo del agua. La tramitación preferente y la coordinación interadministrativa permitirán reducir plazos y evitar retrasos prolongados en la ejecución de servicios públicos clave.