Las administraciones estatal y autonómica han renovado su marco de colaboración para preservar y recuperar la flora vascular amenazada del Puig Major, un enclave natural de alto valor ecológico situado en terrenos de titularidad militar donde se localiza el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7.
El acuerdo autoriza la continuidad de actuaciones orientadas a la protección y mejora de especies vegetales endémicas, raras y en peligro de extinción, muchas de ellas exclusivas de este macizo montañoso. En el Puig Major se han identificado hasta 34 especies de flora vascular protegida o amenazada, lo que convierte a la zona en uno de los espacios botánicos más singulares del archipiélago.
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Defensa y Baleares refuerzan la cooperación para proteger la flora amenazada del Puig Major
Desde la década de 1950, la cumbre del Puig Major y su vía de acceso pertenecen al Ministerio de Defensa, que gestiona el área bajo criterios de respeto ambiental. Estas condiciones han permitido conservar un entorno especialmente adecuado para desarrollar programas de conservación de flora en situación vulnerable, lo que ha motivado la renovación de esta cooperación institucional.
El convenio tiene como objetivo dar continuidad a las acciones de conservación y recuperación de la flora catalogada. Entre las medidas previstas se incluyen la reducción de la presión de herbívoros, el control de la vegetación competidora, la mejora de los microhábitats y el refuerzo de las poblaciones más frágiles. También se mantendrán los cerramientos de exclusión existentes, fundamentales para la recuperación in situ de especies endémicas y para el seguimiento de los efectos del cambio climático.
El Ministerio de Defensa facilitará el acceso a las instalaciones militares a los equipos técnicos responsables y autorizará las actuaciones sin coste económico, siempre respetando las normas de seguridad del recinto. Asimismo, se prevé el reconocimiento institucional de la colaboración en las publicaciones y materiales divulgativos derivados de los trabajos realizados.
El seguimiento del acuerdo se llevará a cabo mediante una comisión mixta, integrada por representantes de ambas partes, que se reunirá periódicamente y podrá crear comités técnicos especializados cuando sea necesario. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo equivalente, sin implicar compromisos financieros para ninguna de las partes.