El Gobierno de España ha decidido mantener durante todo el año 2026 las principales medidas de protección energética dirigidas a los consumidores domésticos más vulnerables, con el objetivo de garantizar el acceso a los suministros básicos y aliviar el impacto de los costes energéticos en los hogares con menos recursos.

Entre las medidas prorrogadas destaca la prohibición de interrumpir el suministro de electricidad y agua a personas consideradas vulnerables, vulnerables severas o en riesgo de exclusión social. Esta protección, vigente desde 2021, se extiende ahora hasta el 31 de diciembre de 2026, reforzando la seguridad energética de miles de familias.

También se prolonga el bono social eléctrico, el descuento aplicado en la factura de la luz para determinados colectivos. Tras los incrementos excepcionales aprobados durante la crisis energética derivada del contexto internacional, el sistema entra en una fase de ajustes progresivos. En 2026, el descuento será del 42,5 % para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos, mientras que las personas en riesgo de exclusión social no deberán asumir el pago de la factura eléctrica.

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El Ejecutivo amplía en 2026 las ayudas y la protección energética para hogares vulnerables

La continuidad de estas ayudas responde a la persistencia de situaciones de pobreza energética, pese a la moderación de los precios registrada en los últimos años. Solo en 2025, más de 1,7 millones de hogares se beneficiaron del bono social eléctrico, lo que evidencia la magnitud del colectivo protegido.

Junto al bono eléctrico, se mantiene el bono social térmico, una ayuda económica anual destinada a cubrir gastos asociados a calefacción, agua caliente y cocina. Esta prestación se concede de forma automática a quienes ya son beneficiarios del bono social eléctrico y su cuantía varía según la zona climática, el grado de vulnerabilidad y, en algunos casos, la aportación complementaria de las comunidades autónomas.

Las ayudas forman parte de una estrategia de transición hacia un nuevo marco de actuación que se articulará a través de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, con la que se pretende ofrecer soluciones estables y a largo plazo para los colectivos más expuestos a la exclusión energética.