El Govern de les Illes Balears ha expresado su rechazo frontal a la regularización masiva e indiscriminada anunciada por el Gobierno de España mediante real decreto, al considerar que se trata de una medida adoptada sin planificación ni coordinación con las comunidades autónomas y que tendrá un impacto especialmente negativo en el archipiélago.
Baleares atraviesa la mayor crisis migratoria de su historia reciente, con más de 20.000 llegadas de personas en situación irregular registradas en los últimos cinco años. Esta presión sostenida resulta especialmente crítica en un territorio insular con recursos limitados y servicios públicos ya saturados. En este contexto, el Ejecutivo autonómico alerta de que una regularización masiva transmite un mensaje erróneo y refuerza un claro efecto llamada.
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Baleares rechaza la regularización masiva del Estado y advierte del colapso de Extranjería y del efecto llamada
La propuesta estatal plantea además una rebaja sustancial de los requisitos, permitiendo que, en ausencia de certificados de antecedentes penales del país de origen, baste una declaración responsable del solicitante. Desde Baleares se considera que esta fórmula elimina garantías esenciales, debilita la seguridad jurídica y evidencia la falta de rigor con la que se ha diseñado la medida.
A esta situación se suma el colapso actual de las unidades de Extranjería, que dificulta la tramitación de expedientes de personas que intentan regularizar su situación por las vías legales, con contrato de trabajo y voluntad de integración. Esta circunstancia genera, según el Ejecutivo autonómico, una evidente desigualdad entre quienes cumplen las normas y quienes se benefician de decisiones excepcionales sin filtros claros.
El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha subrayado que Baleares gestiona una emergencia migratoria sobre el terreno mientras el Estado adopta decisiones improvisadas que no garantizan la integración real. En este sentido, ha señalado que otorgar documentación sin recursos, planificación ni oportunidades efectivas solo incrementará la precariedad y la tensión social en un territorio con capacidad limitada.
Ante este escenario, Baleares reclama responsabilidad institucional, coordinación efectiva y un plan migratorio sólido que refuerce las vías legales, combata las mafias y tenga en cuenta la capacidad real de los territorios para garantizar una integración sostenible.