El Gobierno de España y la Iglesia católica han alcanzado un acuerdo para poner en marcha un mecanismo específico de reparación dirigido a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesiástico, en aquellos casos en los que ya no es posible acudir a los tribunales por prescripción de los delitos o fallecimiento de los responsables.
El nuevo modelo se articulará a través de un sistema mixto Iglesia-Estado, que contará con la participación directa de las víctimas y en el que la Iglesia asumirá íntegramente las medidas de reparación, tanto económicas como de otro carácter. El proceso estará supervisado por el Defensor del Pueblo, que desempeñará un papel central en la evaluación y resolución de los casos.
El acuerdo ha sido formalizado en Madrid por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.
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Estado e Iglesia acuerdan un nuevo sistema de reparación para víctimas de abusos sexuales sin vía judicial
El sistema prevé que las víctimas puedan presentar su solicitud ante una unidad administrativa específica, que se encargará de la tramitación inicial y de coordinar la comunicación entre las partes. Posteriormente, cada caso será analizado de manera individualizada por el Defensor del Pueblo, que elaborará una propuesta de reconocimiento y reparación adaptada a las circunstancias y a la voluntad de la víctima.
Las medidas reparadoras podrán incluir compensaciones económicas, actos simbólicos, acciones restaurativas o acompañamiento de carácter psicológico o espiritual, siempre desde un enfoque centrado en la víctima. Si no existe acuerdo entre las partes, se activará una comisión mixta de mediación, con presencia de asociaciones de víctimas. En última instancia, el Defensor del Pueblo tendrá la capacidad de adoptar una resolución definitiva.
El plazo para solicitar la reparación será de un año desde la entrada en vigor del convenio, con posibilidad de prórroga por otro año adicional. Asimismo, el Ejecutivo impulsará medidas fiscales para evitar que las compensaciones reconocidas tengan carga impositiva para las víctimas.
Con este acuerdo, las instituciones implicadas buscan dar respuesta a una reivindicación histórica, ofreciendo una vía de reconocimiento y reparación a personas que durante décadas no encontraron respuesta ni amparo suficiente.