Más de 800 menores migrantes no acompañados han sido ya reubicados en centros estatales y autonómicos de distintas comunidades del país, según la información trasladada por la Comisión Interministerial de Inmigración tras su última reunión.
Desde el inicio del proceso, el Ejecutivo considera que la acogida se está desarrollando con normalidad y sin incidencias relevantes, especialmente tras la modificación de la Ley de Extranjería, que ha permitido avanzar en la redistribución de menores procedentes de territorios en situación de contingencia migratoria como Ceuta, Melilla y Canarias.
Hasta la fecha, se han contabilizado 803 traslados al conjunto de comunidades autónomas. De ellos, 395 corresponden a reubicaciones realizadas al amparo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, mientras que 408 menores solicitantes de asilo han sido derivados desde Canarias a recursos habilitados específicamente en la península e integrados en el Sistema de Protección Internacional.
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Más de 800 menores migrantes no acompañados ya han sido reubicados en centros de todo el país
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado además de que otros 28 menores solicitantes de protección internacional serán reubicados a lo largo de esta semana en distintos centros, uno de ellos de nueva apertura.
El presidente de la Comisión, el ministro Ángel Víctor Torres, ha subrayado que, gracias a la reforma legal, en apenas siete meses se ha conseguido reubicar a más menores que en muchos años anteriores, cuando no existía un marco normativo específico y la solidaridad interterritorial era voluntaria.
Torres ha destacado que la modificación de la Ley de Extranjería, aprobada mediante Real Decreto-ley el 19 de marzo de 2025, supone un avance decisivo en la protección de la infancia migrante. La norma establece un plazo máximo de un año para reubicar a los menores que se encontraban en territorios en contingencia antes de su entrada en vigor, así como un plazo de cuatro meses desde la remisión de los expedientes por parte de las comunidades autónomas.
El ministro ha reconocido las dificultades del proceso, especialmente en territorios con una elevada presión migratoria, y ha reiterado el compromiso del Gobierno de España de seguir trabajando en coordinación con las comunidades autónomas para garantizar una atención adecuada a los menores.