Las Illes Balears han aprobado una nueva normativa que actualiza el servicio encargado de la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la administración autonómica, con el objetivo de adaptarlo a los riesgos actuales, las nuevas tecnologías y las exigencias del marco normativo vigente.
La regulación sustituye un modelo que permanecía prácticamente inalterado desde mediados de los años noventa y que había quedado obsoleto ante la evolución de las amenazas a la seguridad, la digitalización de los sistemas de control y la creciente complejidad de los espacios públicos. Con el nuevo marco, se refuerza la protección tanto de los inmuebles y bienes públicos como de las personas que trabajan o acceden diariamente a ellos.
La norma define con mayor precisión el funcionamiento del Servicio de Seguridad de la Administración autonómica, que queda adscrito a la Dirección General de Emergencias e Interior. Entre sus funciones principales se incluyen el control de accesos, la vigilancia presencial y electrónica, la planificación y supervisión de los sistemas de seguridad, la gestión del Centro de Control de Seguridad y la respuesta ante incidencias o situaciones extraordinarias.
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Las Illes Balears modernizan la seguridad de los edificios públicos con una nueva regulación
El texto también establece una estructura organizativa clara, con una jefatura, un área operativa y un área de apoyo técnico y administrativo, lo que permite mejorar la coordinación interna y la relación con los órganos responsables de la contratación pública.
Una de las principales novedades es la actualización del régimen jurídico y formativo del personal de seguridad, desarrollando aspectos de la escala de seguridad pública dentro de la función pública autonómica. Además, se habilita un procedimiento para que el personal laboral pueda integrarse en el régimen funcionarial, de acuerdo con la normativa vigente.
En relación con la seguridad privada, la regulación mantiene la posibilidad de contratar empresas especializadas, pero deja claro que estas deberán actuar bajo la dirección, coordinación y supervisión del Servicio de Seguridad autonómico, garantizando así una actuación homogénea y alineada con los protocolos públicos.
Con esta actualización normativa, las Illes Balears disponen de un marco moderno y coherente que refuerza la seguridad de los edificios públicos y mejora la protección de los servicios esenciales que se prestan en ellos.