Palma, 18 de febrero de 2026. El Consell de Mallorca ha presentado este martes la antepropuesta de la futura ley de la Serra de Tramuntana, una norma diseñada para reforzar la protección del paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y, al mismo tiempo, garantizar su viabilidad económica y social a largo plazo.
La presentación, celebrada en el refugio de Galatzó, marca el inicio del periodo de exposición pública del texto, que permanecerá abierto a alegaciones hasta el 15 de abril, e incorpora un proceso de diálogo con ayuntamientos, administraciones y sectores directamente vinculados al territorio.
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Un marco jurídico integral para la Serra de Tramuntana
La antepropuesta se estructura en 8 títulos, 13 capítulos y 62 artículos, con el objetivo de dotar a la Serra de un marco legal completo que mejore su protección, gestión y conservación. El presidente del Consell de Mallorca ha subrayado que se trata de una herramienta concebida desde el diálogo con municipios, propietarios y sectores implicados, basada en la colaboración institucional, la simplificación administrativa y el desarrollo económico sostenible, evitando un enfoque centrado en prohibiciones.
En el acto han participado alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Serra, representantes del Consorcio Serra de Tramuntana, del sector primario y de entidades sociales vinculadas al ámbito protegido.
Protección ampliada y nuevas herramientas de conservación
Entre las principales novedades, la futura ley amplía el ámbito de protección para incluir fincas, núcleos y zonas históricamente ligadas a la Serra que habían quedado fuera del trazado inicial reconocido por la UNESCO.
La norma crea, por primera vez, la evaluación de impacto patrimonial para actuaciones que puedan afectar a los valores del paisaje cultural. Además, el Consorcio desarrollará un sistema de indicadores para medir el impacto de los visitantes y definir la capacidad de acogida del territorio, con el objetivo de prevenir efectos negativos derivados de la masificación.
Simplificación administrativa y refuerzo del sector agrario
El texto apuesta por evitar que la protección se convierta en un obstáculo para la gestión cotidiana del territorio. En este sentido, consolida el Consorcio Serra de Tramuntana como autoridad única de gestión, con capacidad real de coordinación entre administraciones, y simplifica los trámites para actuaciones agrarias como la reconstrucción de márgenes de piedra en seco o la recuperación de cultivos abandonados.
El sector primario se sitúa como eje central de la conservación del paisaje, con medidas para reactivar campos en desuso, fomentar la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios y reconocer la actividad cinegética como parte del sistema de gestión territorial.
Patrimonio, sostenibilidad y uso ordenado del territorio
La futura ley reconoce el valor de las possessions como elementos clave del paisaje cultural y permite el desarrollo de actividades complementarias compatibles con su conservación, con el fin de garantizar la viabilidad económica de las fincas y evitar su abandono.
También refuerza la protección del patrimonio mediante catálogos e inventarios específicos, la preservación de elementos singulares —como olivos y encinas monumentales o conjuntos de bancales— y el uso obligatorio de la técnica tradicional de la piedra en seco en actuaciones de conservación. En materia ambiental, incorpora medidas contra la contaminación lumínica y acústica y promueve proyectos de compensación de emisiones mediante inversiones directas en la Serra.
La norma regula el acceso público de forma ordenada y compatible con la propiedad privada, prevé restricciones temporales en situaciones de saturación y crea el Cuerpo de Voluntarios de la Serra de Tramuntana. Asimismo, prohíbe la circulación recreativa de quads por caminos no asfaltados y contempla la limitación de determinadas actividades para preservar la calidad de vida de los residentes.
Financiación estable y régimen sancionador
El proyecto establece un sistema de financiación estable con la participación del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos, con acceso prioritario a los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. Incluye también un régimen sancionador graduado, con multas de hasta un millón de euros en los casos más graves, como incendios forestales, daños severos al patrimonio o actuaciones no autorizadas sobre elementos protegidos.
Con esta presentación se abre formalmente la fase de participación pública. El Consell de Mallorca ha anunciado una nueva ronda de reuniones con municipios y sectores implicados para recoger aportaciones y avanzar hacia el máximo consenso antes de la tramitación definitiva de la ley.