El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral ha registrado un incremento significativo en la tramitación de planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto, consolidando una tendencia sostenida al alza en los últimos ejercicios. Durante el año 2025 se han gestionado un total de 283 planes, entre específicos y genéricos, lo que supone un aumento de cinco expedientes respecto a 2024 y de 51 en comparación con 2023, alcanzando un crecimiento acumulado del 22 % en dos años.
La evolución de estos datos pone de manifiesto un refuerzo progresivo de las actuaciones preventivas por parte de las empresas que intervienen en trabajos con materiales que contienen amianto, así como un incremento paralelo de la actividad administrativa asociada a su control y supervisión. La secuencia registrada —232 planes en 2023, 278 en 2024 y 283 en 2025— refleja una mayor planificación previa de las intervenciones y una integración más sólida de la prevención en los procesos productivos.
El director del IBASSAL, Óscar Paz, ha destacado que este crecimiento evidencia una concienciación creciente tanto en el ámbito empresarial como entre los trabajadores sobre la necesidad de actuar con las máximas garantías de seguridad ante materiales con riesgo de exposición. En este sentido, ha subrayado que el aumento de planes presentados es indicativo de una cultura preventiva más madura y de una mejora en la organización de los trabajos.
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Aumentan un 22 % los planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto tramitados por el IBASSAL en dos años
Las empresas que desarrollan actividades con riesgo de exposición al amianto deben estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), un requisito esencial para asegurar el cumplimiento normativo y la correcta gestión de los trabajos y de los residuos generados. En este contexto, el IBASSAL analiza y tramita previamente los planes de trabajo, que deben ser aprobados por la autoridad laboral e incorporan medidas preventivas obligatorias como el encapsulado, la retirada controlada o la reparación de elementos con amianto.
Durante la tramitación, se verifica que los centros de trabajo reúnan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las intervenciones, incluyendo sistemas de confinamiento, control de accesos, aislamiento de zonas afectadas y protección tanto de los trabajadores como de terceros. Este procedimiento contribuye a reforzar la seguridad y a minimizar los riesgos derivados de la exposición al amianto en el entorno laboral.