El responsable de Mar y del Ciclo del Agua del Govern de las Illes Balears, Juan Manuel Lafuente, ha solicitado al Gobierno de España que una parte de los ingresos generados en el archipiélago por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre se destine a actuaciones urgentes de mejora del litoral balear antes del inicio de la temporada turística.
La petición se ha planteado durante la II Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en Valencia, un encuentro de trabajo entre comunidades autónomas con costa orientado a analizar los principales retos relacionados con la gestión del litoral y a reforzar la cooperación institucional. En la jornada también ha participado la directora general de Costas y Litoral del Govern, Xima Ferrer.
Durante su intervención, Lafuente ha recordado que el Estado recauda cada año más de 12 millones de euros en Baleares a través del canon aplicado a concesiones y ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre. Este sistema incluye actividades vinculadas al uso del litoral, como quioscos de playa, embarcaderos o servicios asociados a la actividad turística. Según ha señalado, estos recursos económicos no se traducen actualmente en inversiones equivalentes destinadas a la conservación y mejora de la costa balear.
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Baleares reclama al Estado invertir parte de los 12 millones recaudados en el litoral antes de la temporada turística
Ante esta situación, el Govern ha planteado la creación de un programa de actuaciones inmediatas en colaboración con los ayuntamientos para abordar necesidades prioritarias del litoral antes de la llegada del periodo de mayor afluencia turística. El objetivo es mejorar la seguridad, el estado ambiental y la accesibilidad de diferentes zonas costeras del archipiélago.
Además de las intervenciones urgentes, el conseller ha defendido la conveniencia de establecer un plan de inversiones a medio plazo que permita planificar actuaciones estructurales para proteger y conservar el litoral balear. Entre las medidas propuestas figuran la mejora de rampas y accesos al mar, la regeneración y recuperación de playas, la limpieza de fondos marinos, la retirada de fondeos ilegales y la estabilización de acantilados y tramos costeros especialmente vulnerables.
La cumbre también ha servido para abordar cuestiones relacionadas con la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la normativa estatal en materia de costas. Las comunidades autónomas participantes han analizado posibles cambios en el Reglamento General de Costas y han debatido sobre la necesidad de reforzar la coordinación institucional y mejorar la planificación de inversiones destinadas a la adaptación de las zonas costeras frente a los efectos del cambio climático.