3.405 aspirantes convocados para 219 plazas de funcionario en la Administración autonómica con un nuevo modelo de oposiciones más ágil

Mar 15, 2026 | Actualidad, Destacado, Entrevista, Portada, Publicación, Revista Lloseta, TDB, Tradición

La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha iniciado los primeros ejercicios de los procesos selectivos destinados a cubrir 219 plazas de funcionario correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024, incluidas en la convocatoria publicada en 2025. En total, 3.405 personas han sido convocadas para participar en estas pruebas, que suponen el inicio de un nuevo enfoque en los sistemas de selección de personal público.

Las pruebas selectivas han sido organizadas por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, y se han desarrollado de manera simultánea en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Las plazas convocadas corresponden a dos cuerpos de la Administración General. Por una parte, se ofertan 91 plazas del cuerpo superior (subgrupo A1) en Mallorca, de las cuales cuatro están reservadas para personas con discapacidad. Por otra parte, se convocan 128 plazas del cuerpo auxiliar, ocho de ellas destinadas al turno de discapacidad. Estas plazas se distribuyen territorialmente en 110 en Mallorca, 6 en Menorca, 11 en Ibiza y 1 en Formentera.

Los exámenes se han llevado a cabo en diferentes centros educativos y universitarios: en el campus de la Universitat de les Illes Balears en Mallorca, en el IES Joan Ramis i Ramis en Menorca y en el IES Sa Blanca Dona en Ibiza.

En el proceso selectivo para el cuerpo superior se presentaron finalmente 557 aspirantes, lo que representa un 68 % de las personas convocadas. En el caso del cuerpo auxiliar, la participación fue del 50 % en Mallorca, del 52 % en Menorca y del 47,5 % en Ibiza.

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3.405 aspirantes convocados para 219 plazas de funcionario en la Administración autonómica con un nuevo modelo de oposiciones más ágil. Reforma del modelo de oposiciones

El proceso selectivo del cuerpo superior marca el inicio de un proyecto piloto destinado a modernizar el sistema de acceso al empleo público. La iniciativa responde a la necesidad de reducir la duración de los procedimientos selectivos y mejorar su eficiencia, ya que los modelos tradicionales pueden prolongarse durante largos periodos y, en ocasiones, provocar que algunas plazas queden sin cubrir.

El nuevo enfoque busca equilibrar la evaluación de conocimientos teóricos con la valoración de habilidades y competencias profesionales, con el objetivo de identificar perfiles que se ajusten mejor a las funciones que exige la Administración pública.

Cambios en las pruebas del cuerpo superior

El examen correspondiente al cuerpo superior incorpora una estructura renovada en comparación con convocatorias anteriores. La prueba consta de dos partes: un cuestionario tipo test y un caso práctico también formulado mediante preguntas de respuesta alternativa.

Esta modificación permite eliminar el tradicional ejercicio de desarrollo y sustituirlo por un formato que facilita la corrección y contribuye a reducir los tiempos de resolución de los procesos selectivos.

El segundo ejercicio, previsto para los próximos meses, evaluará diversas competencias profesionales como la comunicación escrita —que tendrá carácter eliminatorio—, la capacidad de análisis y resolución de problemas, la organización del trabajo y los conocimientos de ofimática.

Este modelo ha sido acordado con las organizaciones sindicales y establece que las pruebas de competencias tendrán un peso determinante en la valoración final, aunque en general no serán eliminatorias.

La implantación de esta reforma se realizará de forma progresiva, comenzando con este proyecto piloto en el cuerpo superior y extendiéndose posteriormente a otros cuerpos facultativos de los subgrupos A1 y A2, entre ellos los vinculados a informática, telecomunicaciones y arquitectura.

El objetivo de esta transformación es modernizar el acceso a la función pública, reducir los plazos de los procesos selectivos y mejorar la captación de talento para la Administración autonómica.