El Gobierno de España prevé aprobar antes de agosto de 2026 un Real Decreto que permitirá prorrogar el sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados hasta agosto de 2027. Esta medida garantiza la continuidad del modelo de acogida solidaria implantado para hacer frente a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, con el objetivo de proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia.

La iniciativa se enmarca en la aplicación del Real Decreto Ley que modificó la normativa de extranjería y que ha permitido redistribuir a menores desde territorios con mayor presión migratoria hacia otras comunidades autónomas. Este sistema ha contribuido a aliviar la situación de saturación en recursos de acogida, especialmente en Ceuta, Melilla y Canarias.

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El sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados se mantendrá durante lo que queda de legislatura

Desde su puesta en marcha, un total de 1.143 menores han sido trasladados a distintos territorios, en un proceso que ha facilitado una gestión más equilibrada del sistema. Actualmente, el número de menores atendidos en las comunidades más afectadas se sitúa en torno a 3.800, frente a cifras significativamente superiores registradas con anterioridad a la reforma.

En cuanto al grado de aplicación del sistema, los datos reflejan diferentes niveles de cumplimiento. Melilla presenta un porcentaje cercano al 91 %, mientras que Ceuta alcanza más del 76 % en los traslados previstos. En el caso de Canarias, aunque el número de expedientes tramitados es elevado, el porcentaje de reubicaciones efectivas se sitúa en torno al 20 %.

El modelo incorpora un mecanismo de traslados ágiles que permite la reubicación de menores en un plazo aproximado de quince días, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones de atención y a reducir situaciones de hacinamiento en los territorios de llegada.

Además, el sistema ha permitido atender a menores solicitantes de asilo mediante su traslado a recursos estatales en la península, completando las actuaciones exigidas en este ámbito. La coordinación entre administraciones ha sido un elemento clave para el desarrollo del proceso, reforzando la cooperación institucional y la capacidad de respuesta ante la presión migratoria.