El Govern de las Illes Balears ha defendido en el Senado la necesidad de reforzar la financiación del sistema de atención a la dependencia con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y asegurar una respuesta adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad. La intervención se ha producido en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se abordó el futuro del modelo de atención y su viabilidad económica.
Durante la sesión, se puso de manifiesto la situación de desequilibrio en la financiación del sistema, destacando el caso de Baleares como la comunidad con menor aportación estatal. Este escenario supone un desafío añadido para la prestación de servicios, especialmente en un territorio marcado por factores estructurales como la insularidad, el incremento demográfico y el elevado coste de vida.
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En este contexto, se advirtió sobre los efectos de las recientes reformas planteadas a nivel estatal, señalando que la ampliación de derechos sin una dotación económica suficiente puede comprometer el funcionamiento del sistema y generar expectativas que no puedan ser atendidas. La necesidad de una financiación proporcional y sostenida se planteó como un elemento clave para garantizar la equidad entre territorios.
A pesar de estas limitaciones, el Ejecutivo autonómico ha incrementado de forma significativa los recursos destinados a dependencia en los últimos años, reforzando tanto las prestaciones como los servicios. Entre las medidas adoptadas se incluyen el aumento del presupuesto, la mejora de las condiciones laborales del personal, la incorporación de nuevas figuras profesionales y la ampliación de recursos asistenciales.
Asimismo, se han impulsado actuaciones específicas para reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a colectivos especialmente sensibles, como los menores con dependencia, mediante la extensión de servicios especializados.
El Govern ha reiterado la importancia de cumplir con el marco legal vigente, que establece una financiación compartida entre administraciones, y ha reclamado una mayor implicación del Estado para asegurar un sistema justo, eficiente y capaz de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.