El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una norma que actualiza el marco legislativo del sector en España y que ha sido elaborada con la participación y el consenso de las entidades que lo conforman. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, refuerza el papel de este modelo económico en el sistema productivo y amplía el reconocimiento de los derechos sociales y laborales.
Durante el debate parlamentario, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó la relevancia de esta ley como parte de una estrategia orientada a consolidar un modelo económico centrado en las personas, el empleo digno y el interés general. La norma se ha construido a partir del diálogo con cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y otras entidades representativas del sector.
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El Congreso aprueba la Ley Integral de Impulso de la Economía Social con apoyo del sector
El texto introduce modificaciones en las principales leyes que regulan la Economía Social, incluyendo la Ley de Cooperativas, la normativa de empresas de inserción, la Ley de Economía Social y el régimen fiscal de las cooperativas. Entre sus objetivos se encuentra modernizar el funcionamiento de estas entidades, adaptándolas a entornos digitales y reforzando la participación interna mediante nuevas herramientas tecnológicas.
La ley incorpora medidas específicas para fomentar fórmulas innovadoras, como las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, que pasan a ser reconocidas como especialmente protegidas bajo determinadas condiciones. Asimismo, impulsa iniciativas vinculadas a comunidades energéticas y comercio justo, ampliando el alcance del sector.
En materia de igualdad, la normativa establece la obligación de desarrollar planes de igualdad en las cooperativas, promueve la conciliación y refuerza la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión. También se introducen mecanismos para prevenir el uso indebido de la figura cooperativa, con el objetivo de preservar sus principios y valores.
Respecto a las empresas de inserción, la ley redefine su funcionamiento para mejorar su eficacia en la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Se reorganizan los itinerarios de inserción y se alinean con el objetivo de facilitar el acceso a contratos indefinidos en el mercado laboral ordinario.
La norma también amplía la contratación pública reservada para entidades de la Economía Social, incrementando las oportunidades para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.
En términos económicos, la Economía Social representa un componente relevante del tejido productivo español, con más de 127.000 entidades y más de 2,25 millones de empleos directos e indirectos. Su contribución se sitúa en el 11,1 % del PIB durante el periodo 2019-2023, consolidándose como un modelo orientado al crecimiento sostenible, la cohesión territorial y la justicia social.