El Govern de las Illes Balears ha presentado el balance de las medidas fiscales aplicadas entre el 18 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2026, subrayando un impacto económico superior a los 1.000 millones de euros en ahorro para la ciudadanía. Estas políticas han incidido especialmente en el Impuesto sobre Sucesiones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales vinculado a la adquisición de la primera vivienda habitual.

Estas medidas fueron aprobadas el 18 de julio de 2023, apenas diez días después de la investidura de la presidenta Marga Prohens, en un Consell de Govern extraordinario, como las primeras decisiones de la legislatura.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha valorado el alcance de estas actuaciones destacando que “dos años y medio después de aprobar estas medidas, vemos con una enorme satisfacción que miles de jóvenes y familias de las Illes Balears se han ahorrado más de 1.000 millones de euros gracias a la reforma fiscal que prometimos a los ciudadanos y que hemos ejecutado”.

En el caso del Impuesto sobre Sucesiones, las bonificaciones del 100 % aplicadas a los grupos I y II —herencias entre padres e hijos, abuelos y nietos, y cónyuges— han permitido que los beneficiarios no abonen cantidad alguna. En términos concretos, en Inca se han beneficiado 690 personas con un ahorro de 59.237.426 euros; en Lloseta, 182 beneficiarios han ahorrado 313.306 euros; y en Selva, 125 personas han registrado un ahorro de 2.955.402 euros.

Para el grupo III —herencias entre hermanos, tíos y sobrinos— se han aplicado bonificaciones del 35 % o del 60 %, dependiendo de la existencia de descendencia directa. En este ámbito, Inca contabiliza 57 beneficiarios con un ahorro de 471.877 euros, Lloseta 13 beneficiarios con 315.297 euros, y Selva 9 beneficiarios con un ahorro de 103.681 euros.

Sobre este impuesto, Antoni Costa ha defendido que “era urgente y necesario actuar, ya que se trata de un impuesto que grava el esfuerzo de toda una vida”, subrayando el compromiso del Govern de mantener su eliminación. Asimismo, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “utilizará todas las vías a su alcance para defender la capacidad de las Illes Balears de decidir sobre su política fiscal”.

En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra del primer inmueble, se han establecido distintos niveles de bonificación. Para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad, con una bonificación del 100 % y una media de ahorro de 17.800 euros por contribuyente, los datos reflejan en Inca 147 beneficiarios con un ahorro total de 2.616.600 euros; en Lloseta 22 beneficiarios con 391.600 euros; y en Selva 6 beneficiarios con 106.800 euros.

Para jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo, con una bonificación del 50 % y una media de ahorro de 10.300 euros, se han registrado en Inca 256 beneficiarios con un ahorro de 2.680.136 euros; en Lloseta 30 beneficiarios con 326.767 euros; y en Selva 8 beneficiarios con un ahorro de 82.200 euros.

Asimismo, el tipo reducido del 4 % para mayores de 36 años que adquieren su primera vivienda habitual, con un ahorro medio de 6.890 euros, ha beneficiado en Inca a 376 personas con un ahorro de 2.574.872 euros; en Lloseta a 40 beneficiarios con 259.761 euros; y en Selva a 12 beneficiarios con 101.340 euros.

En este ámbito, el vicepresidente ha destacado que estas medidas han permitido que “más de 5.000 personas hayan podido acceder a su primera vivienda habitual, con un ahorro superior a los 90 millones de euros”, enmarcando estas actuaciones dentro de una estrategia más amplia para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.

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En paralelo, el Govern ha adaptado los límites del valor de la vivienda para acceder a estas bonificaciones. Inicialmente fijado en 270.151,20 euros, este umbral se ha incrementado hasta los 378.212 euros en Ibiza y Formentera, lo que supone un aumento del 40 %, y hasta los 307.089 euros en Mallorca, con un incremento del 14 %. Además, se ha planteado elevar este límite hasta los 331.859 euros en Mallorca y Menorca para ampliar el acceso a estas medidas.

Estas actuaciones reflejan una política fiscal orientada a reducir la carga impositiva, facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la capacidad económica de las familias, con un impacto directo en numerosos municipios de las Illes Balears.