El sistema sanitario público en España notificó durante 2025 un total de 18.563 agresiones contra profesionales del Sistema Nacional de Salud, según los datos recogidos en el informe anual elaborado a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas. Esta cifra representa una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales sanitarios y refleja un incremento del 8,74% respecto al año anterior.
El número de incidentes aumentó en 1.493 casos en comparación con 2024. A pesar de este crecimiento, los datos indican que el ritmo de incremento se ha moderado si se compara con el periodo anterior, cuando el aumento interanual superó el 15%. Esta evolución sugiere una tendencia de crecimiento más contenida en las notificaciones registradas.
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Sanidad registra más de 18.500 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud en 2025
La mayoría de las agresiones registradas corresponde a incidentes de carácter no físico, como insultos, amenazas o conductas intimidatorias. En 2025, este tipo de comportamientos representó el 84,5% de los casos notificados, mientras que las agresiones físicas constituyeron el porcentaje restante.
El análisis por niveles asistenciales muestra que la Atención Primaria concentra el mayor número de incidentes, con el 51% de las agresiones notificadas. La Atención Hospitalaria representa el 47% del total, mientras que los servicios de emergencias extrahospitalarias registran una proporción menor dentro del conjunto de incidentes comunicados.
Desde el punto de vista demográfico, las mujeres son el grupo más afectado por las agresiones, acumulando el 80% de los casos registrados. Los hombres representan el 20% restante. Esta distribución está relacionada con la composición de la plantilla sanitaria, en la que aproximadamente tres de cada cuatro profesionales son mujeres.
En relación con la edad de los profesionales afectados, la mayoría de los incidentes se concentra en trabajadores de entre 25 y 55 años. El grupo de edad con mayor número de notificaciones corresponde a los profesionales de entre 25 y 35 años. En cuanto a las categorías profesionales, el personal médico y el personal de enfermería registran el mayor número de agresiones debido a su contacto directo y constante con pacientes y acompañantes durante la atención sanitaria.
El informe también analiza el perfil de las personas agresoras. En el 71% de los casos, el incidente es protagonizado por el propio usuario o paciente, mientras que el 29% restante corresponde a familiares o acompañantes. Cuando se dispone de información sobre el sexo de la persona agresora, los hombres representan el 57% de los casos y las mujeres el 43%.
En relación con la reincidencia, el 53% de las agresiones corresponde a personas que no habían protagonizado incidentes anteriores. Sin embargo, el 27% de los agresores ya había participado en situaciones similares con anterioridad, lo que evidencia la existencia de comportamientos reiterados de violencia hacia el personal sanitario.
Los motivos más frecuentes que desencadenan estas agresiones están relacionados con la atención recibida por el paciente, que representa el 29% de los casos. Le siguen las demandas o exigencias del propio usuario con un 28%, y los conflictos asociados al acto sanitario o administrativo realizado, que suponen el 15% de los incidentes registrados.
Las agresiones se producen principalmente en consultas y espacios de atención directa al paciente, seguidos por áreas de hospitalización y servicios de urgencias. Estos entornos concentran un elevado volumen de interacción entre profesionales, pacientes y acompañantes, lo que aumenta la exposición a situaciones conflictivas.
El informe señala que el aumento de las notificaciones registrado en los últimos años puede estar relacionado con una mayor sensibilización entre los profesionales sanitarios y con la mejora de los sistemas de registro y comunicación de incidentes en los servicios de salud.
Las administraciones sanitarias continúan desarrollando protocolos de actuación, campañas de concienciación y sistemas de registro específicos para abordar este problema. Estas medidas tienen como objetivo mejorar la prevención, reforzar la respuesta institucional y ofrecer apoyo a los profesionales que han sufrido agresiones durante el ejercicio de su actividad asistencial.
En este contexto, el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contempla nuevas medidas de protección. Entre ellas destaca la consideración del personal sanitario como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, una medida destinada a reforzar su protección jurídica y garantizar el respeto hacia su labor profesional.
Las autoridades sanitarias reiteran su compromiso con una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra los profesionales del sistema sanitario, y subrayan la necesidad de continuar fortaleciendo la coordinación entre administraciones públicas, servicios de salud y fuerzas de seguridad para garantizar entornos asistenciales seguros.