La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios con el objetivo de articular una respuesta coordinada ante las posibles consecuencias sociales derivadas del conflicto en Oriente Medio. En este marco, la consellera Sandra Fernández ha mantenido un encuentro con los portavoces de la Comisión de Asuntos Sociales, Igualdad y Derechos Humanos.
La reunión forma parte de una estrategia institucional orientada a compartir diagnósticos, recoger aportaciones y avanzar en la definición de medidas que permitan anticipar escenarios de impacto en las Illes Balears. Este primer encuentro marca el inicio de un proceso de diálogo político que continuará en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar consensos amplios.
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En la sesión han participado representantes de los distintos grupos parlamentarios, entre ellos Pedro Álvarez por el Grupo Popular, Amanda Fernández por el Grupo Socialista, Marta Carrió, Joana Mª Gomila, José María García y el diputado no adscrito Agustín Buades. En el caso de VOX, se prevé un contacto directo posterior con su portavoz Manuela Cañadas.
Durante el encuentro, se ha puesto de relieve la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación entre todas las fuerzas políticas, con el fin de garantizar una respuesta eficaz, coordinada y adaptada a la realidad social del archipiélago. La consellera ha insistido en la importancia de compartir información y avanzar desde el consenso para proteger a las personas y familias potencialmente afectadas.
Esta iniciativa se suma a los contactos previos mantenidos con administraciones públicas y entidades sociales, en un proceso de escucha activa que permitirá definir un paquete de medidas sociales ajustado a las necesidades detectadas. Dichas actuaciones, actualmente en fase de diseño, estarán orientadas a ofrecer una respuesta inmediata y flexible ante la evolución del contexto internacional.
El objetivo de este enfoque es reforzar la capacidad de anticipación institucional y garantizar la protección social en un escenario marcado por la incertidumbre, priorizando la atención a los colectivos más vulnerables.