La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua de las Illes Balears ha expresado su desacuerdo con la modificación del Reglamento General de Costas anunciada por el Ministerio de Política Territorial al considerar que no supone un avance real en la descentralización de competencias y que, además, puede generar nuevos obstáculos administrativos en la gestión del litoral.
Desde el Ejecutivo autonómico se sostiene que las medidas planteadas por el Estado ya estaban incluidas en el Decreto de Traspaso de competencias de Costas a las Illes Balears y, por tanto, no representan una mejora del autogobierno balear ni una ampliación efectiva de las capacidades de gestión de la comunidad autónoma.
La Conselleria también ha criticado que la reforma haya sido negociada únicamente con Cataluña y sin diálogo previo con el resto de comunidades autónomas afectadas por la normativa estatal de Costas. Según el Govern, esta falta de consenso institucional ha marcado todo el proceso de modificación reglamentaria.
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Illes Balears consideran insuficiente la reforma del Reglamento de Costas y alertan de más bloqueo administrativo
Entre los aspectos cuestionados por la administración balear figura el mecanismo de notificación al Estado de los expedientes relacionados con concesiones demaniales y el plazo de dos meses previsto para emitir criterio, medidas que ya estaban contempladas en el marco competencial vigente. Además, el nuevo redactado podría convertir determinados informes vinculados a estrategias marinas en mecanismos de silencio administrativo negativo, una situación que, según la Conselleria, podría incrementar la paralización de procedimientos y aumentar la inseguridad jurídica.
El Ejecutivo autonómico también recuerda que la creación de una Comisión de Seguimiento del traspaso de competencias no constituye una novedad, ya que este órgano estaba previsto desde el inicio del proceso. La comunidad autónoma asegura que lleva más de tres años solicitando su convocatoria sin obtener respuesta por parte del Estado.
Las Illes Balears presentaron alegaciones al proyecto de reforma y lamentan la falta de interlocución institucional durante toda la tramitación. Asimismo, el Govern recuerda que continúa pendiente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Costas y señala que el proyecto se ha impulsado sin negociación conjunta con las comunidades autónomas.
La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua también reclama que el Estado revierta parte de los más de 12 millones de euros anuales recaudados en las islas mediante el canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. El Govern sostiene que, pese al traspaso de competencias, la comunidad autónoma asume íntegramente los costes derivados de la gestión litoral sin recibir compensaciones económicas ni inversiones proporcionales para actuaciones de regeneración de playas, protección de acantilados, limpieza del litoral o adaptación al cambio climático.
El Ejecutivo balear reitera su disposición a mantener la cooperación institucional, aunque insiste en la necesidad de una interlocución estable con el Estado y de medidas que permitan agilizar la gestión y responder de forma más eficaz a las necesidades del litoral de las Illes Balears.