El Govern y el grupo parlamentario VOX acuerdan mejoras para facilitar más vivienda asequible para residentes al ampliar el alcance del Decreto Ley de los proyectos estratégicos residenciales

Abr 15, 2025 | Actualidad, Destacado, Entrevista, Portada, Publicación, Revista Lloseta, TDB, Tradición

El acuerdo garantiza la convalidación del Decreto Ley y su tramitación como proyecto de ley en el Parlament, en la que se introducirán las medidas acordadas

Permitirá extender la figura de los PRE a otros municipios y dará la posibilidad a los ayuntamientos de incluir las áreas de transición si lo aprueba el Pleno

El acuerdo prevé acciones para agotar los suelos urbanos, para reservar vivienda asequible para funcionarios públicos y medidas contra la okupación

El Govern de les Illes Balears y el grupo parlamentario VOX han acordado una serie de mejoras para facilitar más vivienda de precios asequibles destinada a los ciudadanos residentes en las Illes Balears al ampliar el alcance del Decreto Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante los proyectos residenciales estratégicos (PRE). Mediante este acuerdo, se garantiza la convalidación de este Decreto Ley, que se somete a votación este martes en el Parlament de les Illes Balears, y su tramitación como proyecto de ley en la Cámara, fase en la que las medidas acordadas se incorporarán al texto normativo a través de enmiendas.

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El Govern y el grupo parlamentario VOX acuerdan mejoras para facilitar más vivienda asequible para residentes al ampliar el alcance del Decreto Ley de los proyectos estratégicos residenciales

Este Decreto Ley, que incorpora la nueva figura de los PRE para desbloquear y agilizar suelos urbanos y urbanizables y optimizar el uso de estos terrenos en el término municipal de Palma, con el objetivo de crear más vivienda asequible, ampliará su alcance tras el acuerdo entre el Govern y VOX con una serie de medidas. Entre ellas, la que permitirá la creación de los proyectos residenciales estratégicos en otros municipios del conjunto de las Illes Balears, de más de 10.000 habitantes. Para ello, el PRE deberá contar con el informe del consejo insular correspondiente.

El objetivo de este Decreto Ley es desbloquear los suelos urbanos y urbanizables para aumentar la oferta de vivienda asequible para los residentes, y optar en primer lugar por aprovechar estos suelos. En una fase posterior, el acuerdo prevé que se incorpore la posibilidad de ampliar el alcance de los PRE a las zonas calificadas como áreas de transición en municipios de más de 20.000 habitantes. En este caso, será decisión de cada ayuntamiento, requerirá de un acuerdo del Pleno del ayuntamiento, siempre que se cumplan los requisitos regulados en la futura ley, en cuanto a la continuidad de la trama urbana, conectividad y disponibilidad actual de suelos urbanizables en el municipio, entre otros; y lo deberá llevar a cabo mediante una modificación de planeamiento que deberá ser aprobada por los respectivos consells insulares.

El Decreto Ley aprobado prevé que el 50 % de las viviendas de los PRE sean reservadas a viviendas sometidas a un régimen de protección (viviendas de protección pública o viviendas de precio limitado) y que, además, se deberá ceder al ayuntamiento un 15 % del aprovechamiento para construir vivienda de protección pública. Además, para los PRE que se desarrollen a partir de suelos en áreas de transición, se prevé una reserva adicional para vivienda de protección.

El acuerdo alcanzado para incorporar nuevas medidas durante la tramitación parlamentaria también prevé que, de los suelos que el promotor deberá ceder al ayuntamiento para la construcción de vivienda pública, se reservará un porcentaje para viviendas destinadas a funcionarios públicos desplazados, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, docentes o funcionarios de Justicia, entre otros. 

Además, mediante este acuerdo, el Govern de les Illes Balears y el grupo Vox acuerdan introducir medidas encaminadas a limitar el acceso a las ayudas en materia de vivienda y el acceso a las viviendas protegidas a las personas condenadas por delitos de okupación; y también incluir compensaciones económicas a los afectados por casos de okupación, relativas a los gastos producidos por dichas actuaciones.