España ya cuenta con una ley específica para prevenir el desperdicio alimentario, convirtiéndose en la primera norma estatal que aborda este problema de forma integral. Su objetivo principal es fomentar el uso eficiente de los alimentos y reducir las pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción en el campo hasta el consumidor final, ya sea en los hogares, la hostelería o el comercio. El Ministerio de Agricultura considera esta ley como una medida con un fuerte componente ético, social y ambiental, subrayando que “no hay alimento más caro que el que termina en la basura”.
La nueva legislación obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria a elaborar un plan de prevención de pérdidas, que incluya un diagnóstico de los puntos críticos donde se desperdicia comida, así como estrategias para su reducción. También establece una jerarquía de usos, donde la prioridad es el consumo humano, ya sea a través de la transformación de alimentos (como convertir fruta madura en mermeladas o zumos) o mediante donaciones a bancos de alimentos y entidades sociales. Para ello, deberán firmarse acuerdos que garanticen la trazabilidad y seguridad jurídica de dichas donaciones.
España ya cuenta con una ley específica para prevenir el desperdicio alimentario
Además, la ley establece que los establecimientos de hostelería (salvo bufés libres) deberán ofrecer a sus clientes envases reciclables para llevarse la comida no consumida. Como segunda opción, los excedentes podrán destinarse a alimentación animal o a la industria (por ejemplo, subproductos), y como último recurso, se permitirá su uso como residuo para la obtención de compost, biogás o combustibles.
El Ministerio aprobará un Plan Nacional de Control para coordinar las acciones con las comunidades autónomas, que serán las responsables de supervisar el cumplimiento de la norma. La ley también contempla flexibilidades para que pequeñas empresas y explotaciones agrícolas de menor tamaño puedan adaptarse progresivamente: las microempresas y pequeños comercios de menos de 1.300 m² quedan exentos de algunas obligaciones como firmar acuerdos de donación o elaborar un plan de prevención.
Además de imponer ciertas obligaciones, la ley promueve buenas prácticas para incentivar el aprovechamiento de los alimentos, como fomentar la venta de productos con fecha de consumo preferente próxima o de aspecto imperfecto, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad y calidad alimentaria establecidos por la Unión Europea.
El régimen sancionador no busca castigar, sino concienciar. Las infracciones leves pueden recibir una advertencia o multas de hasta 2.000 euros. Las graves, como no contar con un plan de prevención, implican sanciones de entre 2.001 y 60.000 euros, y las muy graves, que incluyen reincidencias, pueden alcanzar los 500.000 euros. No obstante, la ley permite corregir algunas faltas antes de aplicar sanciones, reforzando su carácter educativo.