El director general Joan Llabrés ha destacado que «estos controles de productos de terceros países se realizan a petición del sector y tienen como objetivo principal evitar la competencia desleal hacia los operadores agroalimentarios locales»
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria —dependiente de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local— ha intervenido, en un supermercado de Palma, un lote de fruta desecada procedente de China por no indicar en el etiquetado dos conservantes, uno de los cuales puede provocar alergia. En concreto, la normativa detalla que los alérgenos deben aparecer en la lista de alimentos del envase y de forma destacada.
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El Govern interviene un lote de fruta desecada procedente de China
En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha explicado que «estos controles de productos de terceros países se realizan a petición del sector y tienen como objetivo principal evitar la competencia desleal hacia los operadores agroalimentarios locales». Además, Llabrés ha añadido que «el hecho de no indicar los conservantes en la lista de ingredientes supone un fraude hacia los consumidores». Por otro lado, «en este caso concreto, el producto representaba un riesgo para la salud de las personas, ya que en algunos casos podría provocar alergia, y este es otro de los motivos por los que, desde la Dirección General, se ha intervenido la mercancía».
Asimismo, durante la inspección realizada la semana pasada, se detectó que la denominación del producto era incorrecta, ya que se comercializaba con el nombre de dátil dulce, pero el alimento no contenía dicha fruta y el componente principal eran las azufaifas. Igualmente, en las etiquetas se destacaba la presencia de miel, aunque no figuraba en la lista de ingredientes.
El Govern recuerda, una vez más, que los incumplimientos de la normativa vigente pueden suponer sanciones administrativas. En el caso de las infracciones graves, las sanciones oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros.