Ayer y hoy se llevan a cabo unas jornadas técnicas para analizar la ley, organizadas por el Instituto de Estudios Autonómicos

Garrido ha explicado que la ley servirá para fortalecer, modernizar y agilizar el funcionamiento de los consejos insulares

La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha inaugurado unas jornadas técnicas sobre la Ley de consejos insulares, organizadas por el Instituto de Estudios Autonómicos del Gobierno de las Islas Baleares, que se llevarán a cabo entre hoy y mañana en el auditorio del Parc Bit de Palma y en las cuales participan seis catedráticos o profesores titulares en derecho administrativo de diferentes universidades.

Garrido ha avanzado que la entrada de este proyecto de ley en el Parlamento «abre una etapa en qué será imprescindible continuar con el diálogo e ir en busca de nuevos consensos, no solo para mejorar y enriquecer la regulación ahora propuesta, sino sobre todo para acordar las soluciones normativas más adecuadas para las administraciones insulares del siglo xxi».

En concreto, la ley supondrá un fortalecimiento de estas instituciones en la arquitectura institucional de las Islas Baleares, una modernización en su funcionamiento y una agilización de sus procedimientos. «Esto quiere decir más y mejores servicios públicos para la ciudadanía, una lección que hemos aprendido después de la pandemia y que sin lugar a dudas estamos dispuestos a afrontar», ha defendido la consejera.

Garrido ha recordado que la necesidad de actualizar esta ley se encuentra en el hecho que ya hace más de veinte años de la aprobación de la normativa que hoy rige la organización y el funcionamiento de los consejos insulares y hace casi quince que el nuevo Estatuto de autonomía otorgó una nueva dimensión a estas instituciones y exigió una nueva ley de consejos, como también la regulación de las particularidades de la isla de Formentera.

De aquí nace la nueva ley de consejos insulares, proceso para el cual el Gobierno ha tenido en cuenta los Acuerdos de Gobernabilidad, los compromisos adquiridos en el seno de la Conferencia de Presidentes y, en buena parte, las recomendaciones tanto del área de derecho administrativo de la Universitat de les Illes Balears como del Consejo Consultivo de las Islas Baleares.

Previamente, se puso en marcha un amplio proceso participativo, en el cual fueron especialmente destacables las aportaciones de los cuatro consejos insulares y los consensos básicos que se han ido trabajando con las presidencias de estas instituciones. En la redacción del Anteproyecto han participado también el Instituto de Estudios Autonómicos y la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno se ha propuesto implicar a los grupos parlamentarios para conseguir que el texto que finalmente se apruebe sea el resultado del máximo entendimiento posible y tenga las dosis necesarias de acierto técnico y de seguridad jurídica. Por eso, Garrido ha considerado imprescindible el análisis que se hará de la normativa en estas jornadas, con la participación prevista de más de un centenar de juristas y trabajadores públicos que seguirán las jornadas.

También han intervenido en la inauguración el director del Instituto de Estudios Autonómicos, Lluís Segura, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el vicepresidente del Consejo de Menorca, Miquel Àngel Maria y el vicepresidente del Consejo de Ibiza, Mariano Juan. Por parte del Gobierno, también han asistido la directora general de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad, Isabel Castro, y la directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, Lourdes Aguiló.