La Administración autonómica ha adjudicado dos contratos estratégicos destinados a acelerar la tramitación de los expedientes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, una actuación que permitirá valorar a más de 14.000 personas de forma integral y realizar hasta 21.600 valoraciones en el conjunto de las Illes Balears.
Los contratos, con una vigencia inicial de dos años prorrogables y un importe total de 2,37 millones de euros, se enmarcan en el plan de actuación para reducir las listas de espera de discapacidad y dependencia, puesto en marcha el pasado otoño. Esta iniciativa representa un paso decisivo para mejorar los tiempos de respuesta administrativa y garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales.
Uno de los contratos contempla la puesta en funcionamiento de seis equipos completos de valoración, integrados por profesionales especializados, que permitirán realizar 14.400 valoraciones completas. De forma complementaria, el segundo contrato refuerza la atención territorial mediante la incorporación de profesionales en Mallorca, Menorca e Ibiza, con capacidad para efectuar 7.200 valoraciones adicionales.
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La Administración autonómica impulsa contratos innovadores para valorar a más de 14.000 personas con discapacidad
En total, el dispositivo incorpora 16 profesionales, entre personal sanitario, psicólogos y trabajadores sociales, que se encargarán de evaluar a las personas solicitantes y elaborar los informes técnicos necesarios para la posterior resolución administrativa. Estos informes serán revisados por el órgano competente antes del reconocimiento oficial del grado de discapacidad.
Esta medida se suma a la reciente incorporación de 33 profesionales a plazas estructurales del sistema de atención a la dependencia y la discapacidad. Todo el personal está recibiendo formación especializada, incluida la capacitación en herramientas digitales específicas, con el objetivo de garantizar criterios homogéneos, rigor técnico y una atención de calidad.
La consellería responsable subraya que el refuerzo de los equipos de valoración es clave para reducir los tiempos de espera, avanzar en la equidad territorial y asegurar que todas las personas, con independencia de la isla de residencia, puedan ver reconocido su derecho a una valoración en condiciones de igualdad.