El Consell d’Eivissa ha aplicado por primera vez en Baleares una reducción significativa de una sanción vinculada a una vivienda utilizada como alojamiento turístico sin autorización, tras incorporarse el inmueble al programa autonómico Lloguer Segur, destinado a aumentar la oferta de alquiler residencial.
La medida se ha llevado a cabo en el marco de las actuaciones impulsadas por la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, que desde el pasado año ha introducido incentivos en los procedimientos sancionadores con el objetivo de favorecer que viviendas destinadas irregularmente al uso turístico pasen a formar parte del mercado de alquiler residencial.
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En este caso concreto, el inmueble detectado como alojamiento turístico sin título habilitante se ha incorporado al programa de alquiler social tras que el propietario aceptara las condiciones establecidas. Esta decisión ha permitido aplicar una reducción del 80 % sobre la sanción inicial, lo que, sumado a otros descuentos previstos en la normativa administrativa, como el pago anticipado y el reconocimiento de responsabilidad, ha supuesto que la cuantía final pase de 275.000 euros a 33.000 euros.
La iniciativa forma parte de una estrategia institucional orientada a reforzar el control del uso turístico irregular de viviendas y, al mismo tiempo, incrementar el número de inmuebles disponibles para alquiler residencial. La adaptación de determinados parámetros en los expedientes sancionadores busca incentivar que los propietarios opten por integrar sus viviendas en programas públicos de alquiler.
El programa Lloguer Segur permite a los propietarios ceder sus viviendas al Govern balear durante un periodo máximo de siete años, obteniendo a cambio una renta garantizada. A su vez, el sistema facilita que las personas con residencia en la isla puedan acceder a estas viviendas con un precio de alquiler hasta un 30 % inferior al valor de mercado, contribuyendo así a ampliar la oferta de vivienda accesible.