El Parlamento de las Islas Baleares ha validado lo Decreto ley 2/2022, de 7 de febrero, por el cual se establecen medidas para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública en las Islas Baleares. La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha defendido la normativa y ha asegurado que «sólo se puede garantizar la equidad de nuestra sociedad si los servicios esenciales se prestan desde el sector público, por lo cual es responsabilidad de todos y todas garantizar la fortaleza de estos servicios».

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De este modo, el objetivo de la normativa es tomar las medidas y disponer de los instrumentos necesarios para reducir al 8 % la temporalidad en las administraciones públicas de las Islas Baleares antes del 31 de diciembre de 2024, tal como marca la Ley estatal. El Govern se propone hacerlo desde el acuerdo con todas las administraciones públicas y con los sindicatos.

Precisamente para conseguir esta coordinación, agilidad, eficacia y máxima eficiencia, se prevé la creación, esta misma semana, de una mesa de negociación específica de todas las administraciones de las Islas Baleares, para la necesaria negociación sindical, que permita fijar unos criterios homogéneos para todas las administraciones para llevar adelante el proceso de estabilización.

Esta mesa la compondrán los representantes de las administraciones públicas que se adhieran, y todas y cada una de las organizaciones sindicales representadas en las mesas y comités de empresa de las administraciones adheridas. «De este modo garantizamos el derecho a la negociación colectiva de todas las organizaciones sindicales, cada una de ellas con el peso específico que las elecciones sindicales en los respectivos ámbitos autonómicos le han dado, pero todos y cada uno de los sindicatos con voz y voto a la mesa», ha explicado Garrido. De este modo, organizaciones sindicales que sólo tienen representación en la mesa de Servicios Generales de la CAIB, tendran la oportunidad de aportar sus propuestas para el conjunto de todas las administraciones públicas de Baleares y no sólo en el ámbito de la comunidad autónoma.

Así mismo, ayer se constituyó una comisión formada por representantes de diferentes administraciones, con presencia de la Administración de la Comunidad Autónoma y las administraciones insulares y locales, con el objetivo de coordinar la ejecución de los procesos de estabilización.

Garrido ha anunciado que, actualmente, ya son 49 los municipios que se han adherido, además de los cuatro consells insulares, la FELIB y diez entidades más, lo cual supone un total de 64 adhesiones. En este sentido, el Govern hace el esfuerzo de coordinación de todas las administraciones de las Islas Baleares y la mesa que se creará es la herramienta de coordinación para que se pueda hacer de la manera más eficaz, eficiente y rápida posible.

Finalmente, se prevé la creación de una mesa de negociación para todo el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con el fin de negociar el desarrollo de las condiciones de trabajo comunes y aprobar un acuerdo marco para todo el sector público.

Todo ello, para dar cumplimiento a la Ley de interinos estatal, la cual fija las metas claras de reducir la temporalidad y ofrecer una ocupación pública estable y de calidad y dar estabilidad a los trabajadores y trabajadoras públicos. Afectará las plazas que hayan sido ocupadas de manera temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Se exige que las ofertas de ocupación relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y se publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, las respectivas convocatorias, antes del 31 de diciembre de 2022, y los procesos tienen que finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

En cualquier caso, Garrido ha recordado que desde el Govern ya se han puesto en marcha una batería de medidas en materia de función pública, encaminadas a dar estabilidad a los trabajadores y trabajadoras públicas. Son ejemplo de ello los procesos de estabilización iniciados durante los años 2017-2018, la ejecución de los cuales se puso en marcha a finales de 2019 y que, en estos momentos, se continúan ejecutando. De estos, en cuanto a los servicios generales hay 755 plazas convocadas, de las cuales se han cubierto 350, teniendo en cuenta que el proceso selectivo de 2021 fue aplazado hasta este año, debido a la COVID.

En Salud, durante este periodo, se han cubierto 2.782 plazas y se continúan ejecutando convocatorias ya publicadas, que supondrán la cobertura de otras 2.000 plazas. Y en Educación se han estabilizado 2.381 plazas. Las convocatorias que siguen en ejecución supondrán la estabilización de aproximadamente 1.200 plazas más.

«Pretendemos crear espacios de encuentro para el diálogo, la negociación, la coordinación, el asesoramiento mutuo y el refuerzo del engranaje institucional, que tiene que actuar conjuntamente para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras para disponer de mejores servicios públicos», ha concluido Garrido.