España cuenta con una ley específica para apoyar a las empresas emergentes con vocación innovadora mediante incentivos fiscales, facilidades administrativas y medidas para atraer el talento y la inversión.

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La Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, conocida como Ley de startups, sitúa a España a la vanguardia de Europa en el ámbito del apoyo a estas empresas innovadoras de base tecnológica y en la atracción de talento y capital internacional.

La norma se aprobó por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2022, tras incorporar numerosas aportaciones de los actores del sector y los diferentes grupos parlamentarios. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2022 y entró en vigor al día siguiente. La iniciativa forma parte de la Agenda España Digital 2026 y se enmarca en las reformas estructurales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar el clima de negocios, complementando la Ley Crea y Crece y la Ley Concursal.

Ley de ‘startups’

¿Cuál es el objetivo de la Ley de startups?

La norma busca apoyar a las empresas emergentes innovadoras de base digital, sobre todo en sus inicios, adaptando el marco administrativo, fiscal, civil y mercantil a sus especificidades. Con ese fin, incluye medidas para impulsar la creación y el crecimiento de este tipo de empresas, reforzar la atracción de talento e inversores internacionales a España, estimular la inversión pública y privada y fomentar la circulación del conocimiento. También se propone potenciar el emprendimiento rural y eliminar las brechas de género para que haya más mujeres emprendedoras.

¿Qué es una startup o empresa emergente?

La norma establece los requisitos que debe cumplir una empresa para entrar en esta categoría:

• No superar los 5 años de antigüedad (7 en el caso de sectores estratégicos como la biotecnología o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente en España).
• No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación de empresas que no sean consideradas emergentes.
• No distribuir dividendos.
• No cotizar en bolsa.
• Tener la sede social o establecimiento permanente en España.
• Tener al menos al 60 % de la plantilla con un contrato laboral en España.
• No superar un volumen de negocio anual de diez millones de euros.
• Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable. La innovación puede consistir en desarrollar productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica.

¿Cómo debe certificar una empresa su carácter emprendedor e innovador?

Los emprendedores que quieran acogerse a los beneficios de esta ley deben solicitar a ENISA (Empresa Nacional de Innovación) que certifique el cumplimiento de los requisitos. ENISA debe llevar a cabo el procedimiento de evaluación en un plazo máximo de tres meses.

El análisis sobre el grado de innovación del proyecto emprendedor y la escalabilidad del modelo de negocio debe incluir los siguientes criterios:

• Grado de innovación.
• Grado de atractivo del mercado.
• Fase de vida de la empresa.
• Modelo de negocio.
• Competencia.
• Equipo.
• Dependencia de proveedores, suministradores y contratos de alquiler.
• Volumen de clientes o usuarios de la empresa.

¿De qué incentivos fiscales se pueden beneficiar las startups?

Las principales medidas fiscales incluidas en la ley son:

• Reducción del tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes: del 25 % al 15 % en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.
• Ampliación de la aplicación del régimen fiscal especial de los trabajadores desplazados: se extiende a los profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español, que podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) durante el periodo impositivo de cambio de residencia y los cinco siguientes. Deben cumplir la condición de no haber residido en España durante los 5 periodos impositivos anteriores, frente a los 10 exigidos antes de la entrada en vigor de la ley.
• Posibilidad de extender el aplazamiento del pago de la deuda tributaria correspondiente a los dos primeros períodos impositivos en los que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes sea positiva.
• Ampliación de la base máxima de deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales. También se eleva el tipo de deducción (del 30 al 50 %).
• Mejora del tratamiento fiscal de las stock options (opciones sobre acciones) usadas para retribuir a los trabajadores de la startup. El importe exento de tributar se eleva de los 12.000 euros a los 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de ‘startups’ de acciones o participaciones.

¿Qué ventajas administrativas ofrece la Ley de startups?

• Posibilidad de crear una empresa emergente en un solo paso, obteniendo un número de identificación fiscal, de manera que la empresa puede completar los trámites para su constitución posteriormente. Se elimina el doble trámite registral y notarial y se prevé un procedimiento íntegramente electrónico.
• Coste mínimo de aranceles notariales y registrales por la inscripción de sociedades de responsabilidad limitada.
• La ley exime a las startups de la exigencia de equilibrio patrimonial durante los tres primeros años desde su constitución. Esto implica que, en general, no tendrán que disolverse si sufren pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social.