El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 64.055.311 euros a la plataforma digital de alquiler turístico Airbnb por la publicación de anuncios de alojamientos sin licencia, entre otras infracciones de la normativa de consumo. La resolución, firmada por el ministro Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa tras resolverse el recurso de alzada presentado por la empresa.

Además de la sanción económica, la resolución incluye dos medidas accesorias que obligan a la plataforma a retirar los contenidos considerados ilícitos y a hacer pública la multa impuesta. Las irregularidades detectadas afectan a un total de 65.122 anuncios publicados en Airbnb.

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Consumo impone una multa millonaria a Airbnb por anunciar viviendas turísticas sin licencia

Entre las infracciones señaladas figura la realización de prácticas comerciales desleales, al anunciar viviendas turísticas sin número de registro o con licencias que no se corresponden con los formatos oficiales de las comunidades autónomas, así como la falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. Estas prácticas han sido calificadas como una infracción grave de la legislación de defensa de los consumidores y han motivado la mayor parte de la sanción, cuyo importe equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma durante el periodo investigado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada de estos anuncios.

La resolución también recoge otras infracciones, como el incumplimiento de las obligaciones de información en los contratos celebrados a distancia, la falta de colaboración con las autoridades durante la instrucción del expediente y el incumplimiento de medidas provisionales dictadas para proteger a las personas consumidoras. Estas conductas han dado lugar a sanciones adicionales, tanto leves como graves.

En paralelo, el Ministerio mantiene abiertos otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en el mercado del alquiler. Según ha señalado el ministro Pablo Bustinduy, estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda en España.

Bustinduy ha subrayado que “mientras miles de familias viven al límite por el acceso a la vivienda, algunos modelos de negocio generan beneficios expulsando a las personas de sus hogares”, y ha insistido en que ninguna empresa, independientemente de su tamaño, puede situarse al margen de la ley.