El Govern de les Illes Balears ha manifestado en Madrid su rechazo al decreto estatal que regula el registro único de alquiler turístico, al considerar que vulnera las competencias autonómicas y genera un marco de inseguridad jurídica que afecta directamente a la actividad turística y al tejido económico insular.
Durante la Conferencia Sectorial de Turismo, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, defendió la posición de las Islas frente a una normativa promovida por el Ministerio de Vivienda que, a su juicio, interfiere en una materia atribuida de forma exclusiva a las comunidades autónomas: la ordenación y regulación de la actividad turística.
El Govern de las Illes Balears sostiene que la creación de un registro adicional al ya existente en el ámbito autonómico introduce un sistema duplicado que puede provocar confusión administrativa y dejar en situación de incertidumbre a viviendas que cumplen plenamente la normativa vigente en el archipiélago. La posible negativa de inscripción por parte del registro de la propiedad podría situar a estos inmuebles en un escenario de bloqueo, pese a haber sido autorizados conforme al marco autonómico.
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El Govern de les Illes Balears cuestiona en Madrid el registro único de alquiler turístico por invasión competencial e inseguridad jurídica
Asimismo, se ha señalado que el nuevo modelo traslada la responsabilidad operativa a los registradores de la propiedad, lo que podría generar retrasos y saturación administrativa. Desde el Ejecutivo balear se advierte que esta situación perjudica especialmente a pequeños propietarios y familias que han desarrollado su actividad de forma legal durante años, mientras que la oferta ilegal podría continuar operando al margen de controles efectivos si no se refuerza la inspección.
El Govern de les Illes Balears defiende que la solución no reside en la superposición normativa, sino en el respeto a las competencias de inspección y control que ejercen las comunidades autónomas y, en el caso balear, los consells insulares.
En el marco de la misma Conferencia Sectorial, el Ministerio aceptó ampliar hasta el 31 de marzo de 2027 el plazo para que las comunidades autónomas presenten la justificación administrativa de las subvenciones vinculadas a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD). Esta ampliación permitirá que, una vez concluidas las actuaciones previstas para junio de 2026, el Govern de las Illes Balears disponga de un margen adicional para revisar, completar y consolidar la documentación remitida por las entidades locales antes de elevarla a la Secretaría de Estado.
Desde el Ejecutivo autonómico se valora esta prórroga como un elemento que facilita la correcta tramitación administrativa y garantiza mayor seguridad en la gestión de fondos, si bien se subraya que responde a la insistencia de los territorios ante la falta de flexibilidad mostrada previamente por el Ministerio.