El Consell Insular de Menorca ha reclamado al Gobierno de España la retirada del decreto estatal de reparto de menores migrantes y la declaración de la contingencia migratoria en las Islas Baleares ante la creciente presión sobre el sistema de protección. Esta petición se ha trasladado en el marco de una reunión institucional en la que han participado el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; y los representantes de los distintos consells insulares.
Durante el encuentro se ha expuesto la situación de saturación que afecta al sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en el archipiélago, considerado actualmente al límite de su capacidad. Las instituciones baleares han planteado tres demandas principales: la retirada del decreto que amplía el reparto de menores entre comunidades, la declaración de una contingencia migratoria preventiva y el refuerzo urgente de los recursos económicos, materiales y humanos.
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Menorca pide retirar el decreto de reparto de menores y declarar la contingencia migratoria en Baleares
En el caso de Menorca, el sistema de protección presenta una ocupación superior a su capacidad, con 61 menores tutelados y niveles de saturación que alcanzan el 129%. La ausencia de plazas específicas para menores migrantes no acompañados incrementa la presión sobre los recursos existentes, obligando a habilitar soluciones extraordinarias para garantizar una atención diferenciada según perfiles y edades.
Desde el Consell se ha advertido de la fragilidad del sistema, que puede verse desbordado ante incrementos repentinos de llegadas. Asimismo, se ha insistido en la necesidad de evitar decisiones unilaterales en materia de política migratoria y de avanzar hacia una estrategia coordinada que combine el control de fronteras, la cooperación internacional y el refuerzo de los servicios de atención.
El contexto autonómico refleja una situación aún más exigente. En la actualidad, las Islas Baleares acogen a centenares de menores migrantes no acompañados, superando ampliamente la capacidad ordinaria establecida y registrando elevados niveles de sobreocupación. Las autoridades autonómicas han advertido de la dificultad para mantener estándares adecuados de atención sin una ampliación significativa de recursos y estructuras.
En este escenario, las instituciones baleares han subrayado que la respuesta debe basarse en la capacidad real de acogida y no únicamente en criterios de solidaridad territorial. También han reclamado una revisión del actual modelo de distribución de menores entre comunidades autónomas para adaptarlo a la situación específica del archipiélago.
Además de las medidas inmediatas, se ha planteado la necesidad de reformar el marco normativo en materia de protección de la infancia, con el objetivo de reforzar las garantías legales en ámbitos sensibles y mejorar la seguridad de los menores.
Las autoridades han reiterado su voluntad de continuar utilizando todas las vías legales e institucionales disponibles para defender los intereses de los menores y del conjunto de la ciudadanía, apelando al Gobierno central a adoptar decisiones ajustadas a la realidad que afrontan las Islas Baleares.