Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha aprobado una nueva regulación para el uso de las rampas públicas en los puertos e instalaciones de gestión directa con vistas a la temporada 2026. La medida establece un marco transitorio que ordena la utilización de estas infraestructuras mientras se avanza en la definición del sistema definitivo de autorizaciones mediante licitación pública.

La decisión se adopta tras constatar un incremento sostenido en la demanda de uso de rampas en los últimos años, especialmente vinculada a actividades de alquiler de embarcaciones y servicios acuáticos. Este contexto, marcado por la limitada disponibilidad del dominio público portuario, ha llevado a la entidad a establecer criterios que permitan compatibilizar el acceso, la actividad económica y la gestión eficiente de los recursos.

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PortsIB regula el uso de las rampas públicas en los puertos de gestión directa para la temporada 2026

La normativa determina que, con carácter general, las rampas públicas estarán destinadas a embarcaciones de uso particular, clasificadas como lista 7ª. No obstante, se contemplan excepciones para determinadas actividades consideradas esenciales o de interés general, como servicios públicos, investigación, protección ambiental, pesca profesional o trabajos de mantenimiento y reparación.

De forma transitoria, se permitirá que las empresas que disponían de autorización durante 2025 continúen operando en 2026, aunque bajo condiciones específicas. Entre ellas, se limita el uso a una única rampa por operador y se restringe la utilización de ciertas tipologías de embarcaciones, con el objetivo de ordenar la actividad y evitar la saturación de las instalaciones.

La regulación incorpora también medidas orientadas a reforzar la seguridad en el entorno portuario, como la prohibición de realizar embarques y desembarques de pasajeros en las rampas mediante embarcaciones auxiliares.

Con esta actuación, PortsIB busca garantizar un uso equilibrado, seguro y eficiente de las rampas públicas, al tiempo que facilita la continuidad de la actividad vinculada al sector náutico en un contexto de transición hacia un modelo de adjudicación basado en concurrencia pública.