El Govern de las Illes Balears ha reforzado su posicionamiento en el ámbito europeo reclamando un tratamiento específico que responda de forma efectiva a los retos estructurales de los territorios insulares. Durante la Asamblea general de la Comisión Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), celebrada en Cagliari, la delegación balear ha defendido la necesidad de avanzar hacia políticas comunitarias que no solo reconozcan las particularidades de la insularidad, sino que incorporen medidas tangibles capaces de corregir sus desventajas.

La participación institucional ha estado marcada por la intervención de la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis, quien ha subrayado que las islas deben ocupar un lugar central en la agenda estratégica europea. En este contexto, ha reivindicado la creación de una auténtica cláusula de insularidad que permita adaptar la normativa comunitaria a las condiciones específicas de estos territorios, garantizando una mayor equidad en la aplicación de políticas públicas.

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En el marco del encuentro, la Comisión Islas ha aprobado la Declaración de Cagliari 2026, un documento que plantea un cambio de enfoque en la Unión Europea, pasando del reconocimiento formal de las dificultades insulares a la adopción de soluciones estructurales y operativas. Este posicionamiento incorpora aportaciones relevantes de Baleares, que han contribuido a visibilizar realidades como la doble insularidad, la presión turística y residencial, y los desequilibrios demográficos y socioeconómicos.

El Govern ha puesto en valor su estrategia de transformación del modelo turístico hacia parámetros de sostenibilidad, calidad y equilibrio territorial, alineándose con las directrices europeas en materia de resiliencia. Asimismo, ha destacado iniciativas como el Pacto por el Agua, orientadas a optimizar la gestión de recursos en un contexto de limitaciones estructurales, y ha defendido la necesidad de regular la capacidad de carga turística para preservar la calidad de vida de la población residente.

En materia de vivienda, Baleares ha alertado sobre la dimensión social del problema en los territorios insulares, reclamando instrumentos europeos específicos que faciliten el acceso a vivienda asequible, refuercen la oferta destinada a residentes y trabajadores esenciales, y combatan la proliferación de oferta ilegal. Igualmente, se ha incidido en la importancia de la formación laboral, la mejora de la conectividad —marítima, aérea y digital— y la adaptación de las políticas de transporte y cohesión social a la realidad insular.

La Declaración también incorpora la exigencia de evaluaciones de impacto territorial más rigurosas en la normativa europea, así como la inclusión de medidas específicas en el futuro presupuesto comunitario para compensar las desventajas de las islas mediterráneas no ultraperiféricas. Además, se refuerzan ámbitos estratégicos como la economía azul, la transición ecológica y la retención de talento.

La posición adoptada en Cagliari consolida una premisa fundamental: la igualdad efectiva en Europa requiere políticas diferenciadas que tengan en cuenta las condiciones de partida de cada territorio. En este sentido, la implicación activa de Baleares ha contribuido a situar las necesidades de las regiones insulares en el centro del debate europeo.