El Consell de Govern ha aprobado, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el Proyecto de ley agraria de las Illes Balears, que será remitido al Parlament para iniciar su tramitación. La norma busca mejorar la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones agrarias y reforzar la continuidad de la actividad del sector primario y la gestión del territorio.
El texto establece nuevas herramientas para que agricultores y ganaderos puedan adaptar sus explotaciones a sus necesidades. Entre ellas figuran mejoras en el acceso al agua, la incorporación de energías renovables para reducir costes, la transformación de productos, la venta directa, el asociacionismo, la mejora de los suelos, los distintos modelos de producción, la gestión forestal y el desarrollo de actividades complementarias, siempre manteniendo la actividad agraria como elemento principal.
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La nueva ley agraria de las Illes Balears priorizará los usos agrarios en suelo rústico y limitará las agroestancias a seis plazas
El proyecto ha sido elaborado durante casi toda la legislatura mediante un proceso de diálogo con organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, asociaciones, representantes del sector y consejos insulares. El texto final incorpora gran parte de las aportaciones recibidas.
Prioridad agraria en el suelo rústico
Uno de los principales ejes de la futura ley es reforzar el uso agrario del suelo rústico. La norma establece que estos terrenos deben conservarse y destinarse prioritariamente al cultivo y a los aprovechamientos ganaderos y forestales.
Asimismo, las administraciones deberán priorizar los usos agrarios frente al uso residencial en suelo rústico.
La ley facilitará también las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad agraria y permitirá incorporar actividades complementarias dirigidas a aumentar el valor y los ingresos de las explotaciones, sin dejar de mantener la agricultura y la ganadería como actividad de base.
Una condición agraria para determinadas nuevas viviendas
El Proyecto de ley introduce por primera vez una condición agraria vinculada a determinadas nuevas viviendas en suelo rústico.
La medida no determina dónde se puede construir, no modifica las parcelas mínimas ni crea nuevos derechos edificatorios. La posibilidad de construir seguirá dependiendo de la normativa territorial y urbanística aplicable en cada caso.
Cuando esta normativa permita una nueva vivienda y se cumplan los supuestos establecidos, la edificación deberá quedar vinculada durante un periodo mínimo de quince años a una condición agraria.
Esta obligación se aplicará a nuevas viviendas unifamiliares aisladas de más de 100 metros cuadrados construidas en fincas de 14.000 metros cuadrados o más.
El cumplimiento de esta condición podrá realizarse mediante diferentes alternativas. Entre ellas se encuentran mantener o desarrollar actividad agraria en la finca, realizar inversiones para poner los terrenos en producción o mejorarlos agrariamente, o vincular la finca con agricultores profesionales o explotaciones agrarias prioritarias para que lleven a cabo su aprovechamiento.
También podrá ponerse el terreno a disposición del banco público de tierras para que sea utilizado por agricultores o ganaderos.
Prioridad del agua para la actividad agraria
El Proyecto de ley refuerza el acceso al agua por parte de las explotaciones. Una vez garantizado el abastecimiento de la población, la actividad agraria tendrá prioridad frente a otros usos en suelo rústico cuando exista competencia por los recursos hídricos.
La norma también impulsa el aprovechamiento de agua regenerada destinada al riego.
Venta directa, transformación y producto local
Otro de los objetivos es ampliar las posibilidades de transformación de productos agrarios, la venta directa y los circuitos cortos de comercialización, con el fin de que una mayor parte del valor de los alimentos permanezca en las explotaciones.
Las administraciones deberán fomentar el consumo de producto local y los municipios tendrán que establecer mecanismos para priorizar su presencia en mercados y ferias.
La futura ley incorpora además criterios destinados a favorecer los productos locales en la contratación pública de alimentos.
Agroestancias con un máximo de seis plazas
La norma regula las agroestancias como una actividad complementaria vinculada a explotaciones agrarias preferentes con actividad agraria real.
Esta modalidad permitirá ofrecer alojamiento mediante el uso de viviendas y determinadas edificaciones agrarias ya existentes.
Cada explotación podrá disponer de un máximo de seis plazas. Estas procederán de las bolsas de plazas turísticas existentes, por lo que la creación de las agroestancias no supondrá generar nuevas plazas.
Con carácter general, podrán acceder a esta modalidad las explotaciones agrarias preferentes que lleven inscritas como tales más de cuatro años.
Agricultura ecológica y gestión forestal
El proyecto reconoce como sistemas de producción prioritarios la agricultura y la ganadería ecológicas, las razas autóctonas y las variedades locales.
En materia forestal, incorpora medidas para facilitar la gestión activa del territorio mediante el aprovechamiento de biomasa, la silvopascicultura y la recuperación de cultivos.
La actividad forestal pasa a considerarse parte de los usos agrarios y la norma refuerza el papel de la gestión agroforestal en la conservación del territorio y la prevención de incendios.
Más cooperación entre explotaciones
La nueva ley también impulsa el asociacionismo agrario como herramienta para mejorar la competitividad y la viabilidad del sector.
El texto fomenta la cooperación entre explotaciones y refuerza el papel de cooperativas, sociedades agrarias de transformación y otras fórmulas asociativas.